La titular de Trabajo persigue un triple propósito: que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que se alcance por fin el 60% del salario medio nacional como recomienda la Carta Social Europea y que las futuras subidas salariales queden reguladas y aumenten automáticamente sin que tengan que estar al albur del gobierno de turno o de su aprobación en el Congreso de los Diputados.

En las últimas semanas, el debate sobre las fluctuaciones salariales ha cobrado fuerza. Esto ha sido impulsado por la moderación del IPC en septiembre y las demandas de diversos agentes sociales para ajustar los salarios a la creciente inflación de los últimos años. En este contexto, los expertos consideran que la desaceleración de la inflación es una noticia alentadora que podría facilitar un aumento generalizado de los salarios.

El Plan Anual Normativo 2024 del Gobierno incluye la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea de Igualdad Salarial y Transparencia Retributiva, que impone a las empresas obligaciones en materia de igualdad salarial y transparencia retributiva. España será uno de los primeros países de la UE que experimentará cambios en la gestión de la retribución con perspectiva de género y en la transparencia de los índices de brecha salarial.

Entre las consecuencias de décadas de políticas nefastas están el trabajo precario y la destrucción de empleos en sectores importantes de la economía española. La política de puertas abiertas a productos extranjeros fabricados en condiciones de semiesclavitud, y no sometidos a las exigencias nacionales o comunitarias, arruina a nuestras empresas, nuestro campo y nuestra industria.

En España, los “nuevos pobres” son un grupo cada vez más creciente de personas que, a pesar de tener empleo, no pueden acceder a una vivienda digna, debido a los bajos salarios y los altos precios de las viviendas, tanto para alquilar como para comprar.

En el mercado laboral en España, aunque ha mostrado algunos signos de recuperación en los últimos años, el desempleo sigue siendo un problema persistente, según datos recientes la tasa de desempleo en España se sitúa por encima del 13%, una de las más altas de la Unión Europea, este alto nivel, afecta especialmente a jóvenes y trabajadores de larga duración.

Los precios de los productos alimenticios esenciales han aumentado más del 70% hasta 2024, además algunas empresas han adoptado la estrategia de “reduflación”, que reducen la cantidad del producto, mientras mantienen el precio y en algunos productos, hasta el mismo envase, pero menos lleno que antes, lo que afecta directamente a los consumidores.

Dos noticias sobre una realidad extremadamente antagónica. Por un lado, los medios anuncian a todo trapo los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, según los cuales “España ha sumado 220.000 nuevos empleos en mayo”. Por otro, casi pasa desapercibido que se ha presentado un informe por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social sobre la situación socioeconómica en España, que señala que casi la mitad de los españoles llega justa a fin de mes.

Desconocer si vas a tener trabajo la semana que viene, o si vas a poder pagar tus cuentas a final de mes, es la realidad que viven actualmente muchos españoles. El coste de oportunidad para las empresas es menos evidente de lo que parece. Exigir largas jornadas laborales, ofreciendo salarios muy bajos, es para muchas empresas la opción más válida cuando se trata de aumentar beneficios. 

España es el séptimo país con mejor calidad de vida entre los 12 países de Europa más populares para vivir. A pesar del aumento de los salarios, estos siguen siendo de los más modestos de Europa y la percepción de felicidad de los españoles es de las más bajas.

España está catalogada como un país rico, donde existe de forma generalizada la pobreza, un problema que se ha cronificado y que sitúa a España como el cuarto con más desigualdad de Europa. No todas las comunidades tienen el mismo patrón, se podría citar por ejemplo a Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía y donde se encuentra también Asturias, que bien parece la olvidada por nuestro Gobierno central en algunas materias.

La reducción de la jornada laboral de 40 a 38,5 horas semanales para este 2024, y a 37,5 horas el próximo año, está camino de convertirse en una realidad. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a esta medida que supone que los trabajadores por cuenta ajena que realicen una jornada completa superior a las 38,5 horas semanales verán reducido su tiempo efectivo de trabajo, pero no su salario, que se mantendrá intacto.

Según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, Baleares (7 puntos sobre 10), Cataluña (6,6 puntos), la Comunidad de Madrid (6,4), la Comunidad Valenciana y Cantabria (6,2 puntos cada una) son las comunidades autónomas que reúnen las mejores condiciones para trabajar en España y las únicas que superan la puntuación media nacional.

Uno de los compromisos alcanzados para el pacto de investidura entre PSOE y Sumar fue el de implementar una nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales. Se trata de un cambio significativo que ha generado debate y expectación en diversos sectores. Esta iniciativa, aunque sorprendente para muchos, tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales sin afectar los salarios de los trabajadores.

En España, el 55% de los empleados no están contentos con su sueldo y el 65% indica que su remuneración no compensa el trabajo que realiza, según la Guía del Mercado Laboral 2023 de HAYS. Estos datos posicionan el nuestro como uno de los países europeos con mayor descontento en este sentido a pesar de que la Guía revela que el 82% de las compañías de España ha previsto aumentar los sueldos de sus trabajadores en este 2023, frente al 17% que prevé mantenerlos.

La tentativa de incrementos salariales para el Ejecutivo y el Congreso, impulsados por los mismos interesados, soliviantaron los ánimos de la opinión pública paraguaya en este inicio de semana. Los aumentos solo para algunos son generalmente mal vistos por la ciudadanía y los referentes gremiales, dado que van en contra de los discursos que pregonan austeridad para otros rubros, aunque la doctrina no siempre la aplica el oficialismo a sí mismo.

Los profesionales médicos españoles se muestran insatisfechos con la remuneración que perciben. Así lo revela el nuevo Informe sobre Salarios, poder adquisitivo y satisfacción profesional de los médicos elaborado por Medscape. Cerca de un millar de médicos, pertenecientes a diferentes especialidades, fueron encuestados y los datos evidencian el descontento generalizado: hasta un 87% de los facultativos piensan que no están bien remunerados.

A nadie se le escapa el interés y trascendencia de la retribución en momentos de enorme complejidad como los actuales, y donde las subidas del SMI, la importante escalada de los precios vista durante el último año, la necesidad de atraer y retener talento en las organizaciones, son solo muestras de la realidad poliédrica de una institución, el salario, sobre la que están lloviendo ríos de tinta en los últimos años.

Se ha dado a conocer que CCOO y UGT ha alcanzado un acuerdo con la patronal para incrementar los salarios en el marco del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC). Esta noticia ha sido recibida con positividad por parte de UATAE, quien considera que “esta medida es un paso importante hacia una mayor justicia social y una recuperación económica equitativa”. La subida de salarios supondrá un aumento del poder adquisitivo, que se traducirá en un mayor consumo.

En realidad, el sistema económico con la simple ley del mercado es evidente que no produce el bienestar de toda la población de un país y tampoco el pleno empleo. El economista inglés Keynes insiste en esto de modo absolutamente coherente. Puede parecer contradictorio, pero el ahorro no incrementa el consumo, al contrario, lo reduce y es algo negativo.