La construcción alerta de que la reducción de jornada hundiría hasta un 27% el salario de los trabajadores, unos 7.000 euros anuales

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) estima que la reducción de la jornada laboral pactada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, junto con el control de horarios y el incremento anunciado de las sanciones, supondría una merma de hasta el 27% del salario de los trabajadores del sector, es decir, de unos 7.000 euros anuales.

En la antesala de la reunión agendada para el lunes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), donde previsiblemente se abordará este debate, CNC recuerda que las horas extras son voluntarias para los trabajadores, que se utilizan muchas veces para incrementar sus ingresos para gastos imprevistos y que normalmente se abonan a un precio mayor que las ordinarias -alrededor de un 25% por encima-. Así, al margen de incrementar los ingresos de los trabajadores, podrían aumentar considerablemente la recaudación del Estado, tanto por la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social como por las retenciones fiscales en concepto de IRPF.

La construcción considera necesario flexibilizar el régimen de horas extraordinarias, considerando que por picos de producción, plazos de ejecución y necesidades de infraestructuras y viviendas se deberían permitir alrededor de 450 horas extras al año. Pues bien, si se ampliara el límite actualmente en vigor al millón de trabajadores de la construcción, la patronal estima que el Estado ingresaría más de 5.015 millones de euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones por IRPF; de manera que estos ingresos generados por los trabajadores de la construcción contribuirían a sufragar, por ejemplo, el 2,6% del coste total de las pensiones.

Control de las horas extraordinarias para que se abonen y coticen

Por ello, la patronal pide al Gobierno que permita a la negociación colectiva la posibilidad de ampliar las horas extras para equipararnos a la media a la UE, lo que haría posible elevar en alrededor de 2 horas diarias las 80 horas anuales, lo que a juicio de CNC tendría importantes ventajas tanto para la economía general como para un sector marcado por la falta de mano de obra y la necesidad de movilidad geográfica de los trabajadores, ya que en muchos casos los desplazamientos no resultarían rentables ante las rigideces propuestas y condenaría al pluriempleo a los trabajadores para que puedan afrontar gastos extraordinarios o sobrevenidos. En su opinión, los esfuerzos deberían centrarse en controlar la ejecución de las horas extras, su abono y su necesario reflejo en nómina y cotización.

En este marco, CNC insta al Gobierno a fijarse en el techo a las horas extraordinarias desarrollado en el resto de Europa, donde solo España y Finlandia establecen un límite rígido y no ampliable por convenio de 80 horas anuales. En países como Italia o Francia los umbrales están en 250 y 220 horas extra anuales, respectivamente, ampliables por negociación colectiva; mientras que en Dinamarca, Estonia o Reino Unido no existe un límite específico. Por su parte, la Directiva 2003/88/CE marca un máximo de 48 horas semanales extraordinarias, es decir, mucho más generosa que el de la normativa española actual y la propuesta.

Una amenaza para la viabilidad de las obras

En paralelo, CNC asegura que el pacto entre Trabajo y los sindicatos agravará la falta de mano de obra en un sector que actualmente necesita a unos 700.000 trabajadores, así como los problemas de vivienda que tanto preocupan al Gobierno y al conjunto de la sociedad, dado que la propuesta de reducir la jornada amenaza directamente la viabilidad de las obras al no haber trabajadores suficientes para ejecutarlas.

La patronal viene denunciando desde hace tiempo los intentos del Gobierno, particularmente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por sacar adelante la reducción de jornada sin atender al diálogo social. Una marginación que puede traer consecuencias nefastas para la competitividad, la productividad y el balance de cuentas de las empresas, abocadas a asumir ese incremento de costes.

A juicio de CNC, esta norma -que en breve podría comenzar su tramitación parlamentaria- sólo va a generar más conflictividad en sectores exentos de la misma como la construcción, que hace más de 30 años cuenta con un marco para resolver sus conflictos de manera consensuada y pacífica como se refleja en su Convenio General y en la Fundación Laboral de la Construcción.

Según el presidente de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, “sorprende que un Gobierno que se ha ufanado tanto del diálogo social ahora lo condene a la irrelevancia, lo que puede impactar negativamente en el crecimiento económico y en la creación de empleo”.