Ayer miércoles, el Ministerio de Trabajo comenzó las negociaciones convocando a sindicatos y patronal con el fin de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2025. La propuesta de inicio de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, es aumentar 50 euros mensuales, fijando el SMI en 1.184 euros en 14 pagas (o lo que es lo mismo, 1381,33 euros en 12 pagas), con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

La titular de Trabajo persigue un triple propósito: que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que se alcance por fin el 60% del salario medio nacional como recomienda la Carta Social Europea y que las futuras subidas salariales queden reguladas y aumenten automáticamente sin que tengan que estar al albur del gobierno de turno o de su aprobación en el Congreso de los Diputados.

Hace diez meses, cuando comenzaron las negociaciones entre ministerio, sindicatos y patronal para abordar la reducción de la jornada laboral se antojaban que iban a ser largas y complejas. Y, definitivamente, la CEOE ha dado el portazo a la medida rechazando tajantemente la disminución a las 37,5 horas semanales.

La casualidad (o quizá mi subconsciente) me lleva a comentar la propuesta sobre bajas laborales flexibles que acaba de hacer la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones justo el día 7 de octubre, cuando se desarrolla la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

Se quiere reducir la jornada laboral y, claro, los sindicatos corruptos y tradicionales de siempre, es decir, CC.OO. y UGT, aliándose con un Ministerio de Trabajo de extrema izquierda, están muy satisfechos para que se lleve a cabo esta perjudicial reducción de jornada laboral. ¿Están de acuerdo los propietarios de establecimientos hosteleros? Por supuesto que no. ¿Están de acuerdo las empresas dedicadas al comercio? Ni mucho menos.

Si el Ministerio de Trabajo aplica las sanciones que pretende establecer a las empresas que no cumplan con la reducción de la jornada a 38,5 horas semanales (37,5 horas, a partir del 1 de enero de 2025), éstas deberán pensarse mucho su incumplimiento. El borrador del anteproyecto de ley que fue entregado la semana pasada a empresarios y agentes sociales planea endurecer las multas.

Dos noticias sobre una realidad extremadamente antagónica. Por un lado, los medios anuncian a todo trapo los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, según los cuales “España ha sumado 220.000 nuevos empleos en mayo”. Por otro, casi pasa desapercibido que se ha presentado un informe por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social sobre la situación socioeconómica en España, que señala que casi la mitad de los españoles llega justa a fin de mes.

El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.

El debate en torno a la semana laboral de cuatro días se ha mantenido durante 2022, y seguirá dando que hablar en el presente año en nuestro país. El Gobierno ha abierto una convocatoria de subvenciones, dirigida a pymes del sector industrial que recorten al menos un 10% de su jornada y mantengan el salario de las plantillas durante dos años. En la Comunidad Valenciana se ha puesto en marcha una prueba de 32 horas semanales, para evaluar su impacto.

Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de mayo y el crecimiento interanual del número de afiliados se ralentizó ligeramente, pasando de un 3% en abril al 2,9% en mayo. Así, en el quinto mes del año se contaron 20,82 millones de afiliados a la Seguridad Social, nuevo máximo histórico, que implica 582.700 nuevos empleos en los últimos 12 meses y 200.411 más que hace un mes (+0,97%).

Como es sabido, el Ministerio de Trabajo ha realizado una inspección a las grandes auditoras para comprobar el cumplimiento de las normas legales en materia de jornada laboral y horas extraordinarias. La noticia ha conmocionado a pesar de ser un secreto a voces, entre quienes conocen el sector, que las jornadas maratonianas y las horas sin pagar son allí habituales.

Yolanda Díaz no sabe cómo apuntarse tantos con la mal llamada reforma laboral. Es una simple contrarreforma y, posiblemente, ni siquiera eso pueda decirse. Apenas unas pinceladas sueltas sobre la reforma laboral de 2012 que tanto empleo generó y alabanzas cosechó en la Unión Europea. 

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dado a conocer hoy los datos de paro del mes de diciembre en el que 34.579 personas encontraron empleo. “La creación de empleo se ha ralentizado en 2019 y el descenso del paro ha caído un 31% con respecto a 2018.

España es un país cuyo tejido empresarial está formado mayoritariamente por pymes. Concretamente, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social en abril de 2019 hay más de 2,9 millones de pymes en nuestro país.