Después de casi 11 meses de negociación entre ministerio y sindicatos sin haber llegado a acuerdo alguno con la patronal, el Consejo de Ministros celebrado ayer martes ha dado luz verde al anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, que beneficiaría a 12 millones de trabajadores, aproximadamente.
Yolanda Díaz, titular de Trabajo
De implementarse la citada disminución se recortaría la jornada semanal por primera vez en 40 años. La última se produjo en 1983 cuando se redujo de 43 horas en jornada partida y 42 en jornada continua a las 40 horas actuales, Aunque aún tardará unas semanas para que el anteproyecto se remita al Congreso.
De aquí en adelante queda la tramitación parlamentaria. Y es el propio ejecutivo el que reconoce abiertamente que habrá que negociar con todas las formaciones políticas del arco parlamentario con el fin de recabar los mayores apoyos posibles.
Ardua tarea para que vea la luz la medida estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que cuenta con la oposición del PP y Vox y la muy posible de Junts, lo que impediría la aprobación de la ley. Aunque de conseguirse una hipotética aprobación podría aplicarse antes del 31 de diciembre de este año.
Registro de jornada y desconexión digital
Es el propio gobierno quien admite la complejidad de sacar adelante el recorte horario. Asimismo, tanto las grandes como las medianas y pequeñas empresas tendrán que adaptar el registro diario de jornada, digital y objetivo a las nuevas condiciones laborales, bajo la amenaza de fuertes multas por parte de Inspección de Trabajo si existe incumplimiento. La norma también contempla la regulación de la desconexión digital.
La ministra de Trabajo apostó como prioritario abordar la reducción horaria durante esta legislatura. Entre tanto los sindicatos la recibieron desde el principio con mucha complaciencia considerando como prioritario reforzar el registro de jornada que asegure el cumplimiento y la efectividad de la reducción horaria.
Pero la patronal, representada por la CEOE y Cepyme, se posicionó radicalmente en contra desde un principio argumentando que incidiría en un descenso de la productividad, en la desaparición de pequeñas empresas y provocaría la perdida de numerosos empleos.
Tanto Trabajo como los sindicatos defienden que la reducción de la jornada laboral proporcionaría más descanso a los trabajadores disminuyendo los niveles de absentismo y reduciendo la carga de estrés, lo que propiciaría un mayor rendimiento laboral y, por ende, un aumento de la productividad, así como una mejor conciliación de la vida laboral y familiar.
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