Como se descubrió hace unos pocos años, los sindicatos perciben millones de euros en forma de rendimientos derivados de sus inversiones financieras. Pues bien, no sólo no pagan impuestos en el momento de ingresar esos beneficios, sino que tampoco son objeto de gravamen por el Impuesto de Sociedades.

Ni sindicatos, ni organizaciones patronales, ni ONG's, pagan siquiera el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), dado que los Ayuntamientos también los han declarado exentos del pago de ese impuesto. Es de resaltar que el patrimonio inmobiliario de que disfrutan estas organizaciones, situado generalmente en las mejores zonas de las grandes ciudades, les obligaría a realizar unos importantes pagos anuales que en virtud de la ley eluden por completo.

La ley establece que la actividad realizada por sindicatos, fundaciones, ONG's o asociaciones empresariales, no puede consistir en “el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria”, algo que parece perfectamente lógico ya que de realizar una actividad puramente comercial no habría excusa para no liquidar los impuestos correspondientes.

Los sindicatos, ONG's y patronales, en tanto que entidades sin ánimo de lucro, gozan de numerosas prerrogativas fiscales que los mantienen a salvo de los rigores impositivos que ellos imponen al resto de los contribuyentes de España, tanto ciudadanos individuales como empresas y trabajadores autónomos.

¿Sindicatos del poder? ¿Sindicatos de izquierdas? Efectivamente, las dos cuestiones son ciertas, son reales. Estos sindicatos suelen moverse en el contexto de la descalificación y del desprecio, y lo más grave, es que descalifican y desprecian a sus propios representados. Estos sindicatos del poder son como un Frente Popular antisistema a la antigua usanza.

Hace diez meses, cuando comenzaron las negociaciones entre ministerio, sindicatos y patronal para abordar la reducción de la jornada laboral se antojaban que iban a ser largas y complejas. Y, definitivamente, la CEOE ha dado el portazo a la medida rechazando tajantemente la disminución a las 37,5 horas semanales.

Jubilaciones, prejubilaciones, reducción de horas, incumplimiento del pago de pagas extras... Se agudizan en los últimos años los conflictos laborales en las entidades bancarias... Los grandes banqueros son señalados por los trabajadores como los máximos responsables de los planes de reducción de personal bancario, que proponen dejar una estructura mínima de funcionamiento. ¿Es culpa de las propias entidades bancarias? Al 50% sí... ¿Y el otro 50%? 

Estudié Historia Contemporánea en BUP y COU (con aquellos comentarios de texto tan valiosos), y me quedó claro que con el estalinismo se desarrolló la idea de que la guerra es inevitable: no fueron pocos los revolucionarios que no siendo estalinistas compartieron y comparten esa idea. En ese camino ha habido deformaciones del pensamiento revolucionario. Por ejemplo: "dictadura del proletariado".

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) celebró este jueves, “a la espera de conocer más detalles sobre el documento”, el acuerdo anunciado por el Gobierno con los sindicatos y la patronal que permitirá compatibilizar la pensión con un trabajo porque cree que “animará a retrasar la jubilación”.

Se quiere reducir la jornada laboral y, claro, los sindicatos corruptos y tradicionales de siempre, es decir, CC.OO. y UGT, aliándose con un Ministerio de Trabajo de extrema izquierda, están muy satisfechos para que se lleve a cabo esta perjudicial reducción de jornada laboral. ¿Están de acuerdo los propietarios de establecimientos hosteleros? Por supuesto que no. ¿Están de acuerdo las empresas dedicadas al comercio? Ni mucho menos.

Dicen que ayudan a trabajadores, quienes no saben nada del trabajo, pues nunca laboraron en el tajo y persiguen a los emprendedores.

Dos noticias sobre una realidad extremadamente antagónica. Por un lado, los medios anuncian a todo trapo los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, según los cuales “España ha sumado 220.000 nuevos empleos en mayo”. Por otro, casi pasa desapercibido que se ha presentado un informe por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social sobre la situación socioeconómica en España, que señala que casi la mitad de los españoles llega justa a fin de mes.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) acude a la firma del acuerdo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional entre sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde distintos sectores se ha estado afirmando que la subida del SMI podía traer consecuencias negativas sobre el empleo, por las posibles pérdidas cuantiosas de contrataciones, hecho que queda desmentido con los actuales datos de empleabilidad.

Un nuevo caso de agresión, en este caso verbal, ha vuelto a producirse en un centro sanitario malagueño. Un espacio donde, cada día que pasa, es más frecuente la utilización de la violencia por parte de los pacientes y sus familiares y amigos para justificar sus demandas a los médicos, a los que acuden para que los atiendan y curen, en lugar de ejercer la educación y el respeto, además de cumplir las normas establecidas.

Tenemos una anomalía grave en nuestro país. Tenemos una clase dominante en España, que ya no es española, es una oligarquía extranjera -sus beneficios dependen de su entrega al gran capital extranjero- a la que ya podemos llamar USAnder y no Santander, USAdrola y no Iberdrola, USAvial y no Ferrovial, y así sucesivamente. Y de la industria española, ¿qué? Veamos un ejemplo.

Se ha dado a conocer que CCOO y UGT ha alcanzado un acuerdo con la patronal para incrementar los salarios en el marco del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC). Esta noticia ha sido recibida con positividad por parte de UATAE, quien considera que “esta medida es un paso importante hacia una mayor justicia social y una recuperación económica equitativa”. La subida de salarios supondrá un aumento del poder adquisitivo, que se traducirá en un mayor consumo.

Desde la Unión Sindical Obrera (USO) y Comisiones Obreras denunciamos la confabulación entre la Consejería de Salud y Consumo y la empresa SSGA en las últimas adjudicaciones de las ambulancias de Córdoba, que han intentado también adjudicar sin explicación las de Sevilla y, tras un desastre jurídico por parte del SAS, concederles las de Granada.

Vaya por Dios. Al Tribunal de Cuentas no le salen las mismas. Según estos fachas (que digo yo que los del Tribunal de Cuentas pertenecen, mínimo, a las JONS), el ministerio de vacío la saca y reparto la pasta que dirige Ione Belarra ha estado utilizando las ayudas destinadas a los mayores, que concede el Imserso, para financiar, entre otras organizaciones, a los sindicatos hermanos del gobierno.

La Organización Mundial de la Salud advierte que el riesgo de abuso de los mayores aumenta proporcionalmente al envejecimiento de la población; un dato relevante si tenemos en cuenta que para 2050 se calcula que 2.000 millones de personas tendrán más de 60 años, superando así al número de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años.

Inicialmente se convocaron 5.377 plazas que ahora se han ampliado en 2.380 puestos correspondientes al Plan de Estabilización, Ley 20/2021. Dicha ampliación es fruto del diálogo con las organizaciones sindicales que están participando en el proceso de negociación actual dentro de la apuesta de la compañía por el diálogo social continuo.