En los últimos años, España se ha consolidado como uno de los países con la tasa de natalidad más baja de Europa. En 2023, se registraron apenas 7,1 nacimientos por cada 1.000 habitantes, una cifra que deja al país en el segundo puesto de este preocupante ranking europeo, solo por detrás de Italia. Este descenso no es una novedad, sino la continuación de una tendencia que lleva décadas en marcha, pero que en los últimos años ha mostrado una aceleración alarmante.
¿Por qué no nacen más niños en España? Varios factores se combinan para explicar este fenómeno. Uno de los principales es la precariedad laboral que afecta a amplias capas de la población joven. Según datos de Eurostat, España lidera las tasas de desempleo juvenil en Europa, con un 27,4 % en 2023. Incluso aquellos jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral suelen enfrentar contratos temporales y salarios bajos, lo que dificulta su capacidad para independizarse y formar una familia.
Además, el acceso a la vivienda es un desafío considerable. El precio medio de la vivienda ha aumentado de forma constante en la última década, y muchas personas jóvenes se ven obligadas a alquilar en condiciones que les impiden ahorrar o planificar su futuro familiar. Según un informe del Consejo General de Economistas, en 2022, el precio medio del alquiler en las grandes ciudades se situó en torno a los 13,3 euros por metro cuadrado, lo que hace casi imposible para muchas familias jóvenes acceder a una vivienda adecuada.
Otro factor determinante es la falta de políticas familiares efectivas. A pesar de los intentos del gobierno por implementar medidas de apoyo, como permisos de paternidad y maternidad más amplios y ayudas económicas, España sigue muy rezagada en comparación con otros países europeos en cuanto a inversión pública en políticas de conciliación. Por ejemplo, países como Francia y Suecia, que tienen tasas de natalidad más altas, cuentan con amplias redes de guarderías subvencionadas, beneficios fiscales y apoyos económicos significativos para las familias con hijos.
El retraso en la edad de maternidad también es clave. Las mujeres españolas tienen su primer hijo, en promedio, a los 32 años, una de las edades más tardías de Europa. La decisión de postergar la maternidad responde tanto a cuestiones laborales y económicas como a cambios en las prioridades de las nuevas generaciones, que valoran más su desarrollo personal, la estabilidad económica y la búsqueda de experiencias antes de comprometerse con la maternidad.
Las repercusiones del invierno demográfico
El descenso de la natalidad tiene consecuencias profundas para el país. Una de las más evidentes es el envejecimiento acelerado de la población. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2050, España tendrá una de las poblaciones más envejecidas del mundo, con más del 30 % de sus habitantes mayores de 65 años.
Este envejecimiento poblacional ejercerá una presión insostenible sobre el sistema de pensiones y la sanidad pública. El actual sistema de reparto, donde los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados, se verá seriamente amenazado si la población en edad de trabajar sigue reduciéndose. El Banco de España ya ha alertado que, sin una reforma estructural, el sistema de pensiones podría volverse insostenible en las próximas décadas.
Además, la baja natalidad también tiene un impacto directo en el crecimiento económico. Menos nacimientos implican menos trabajadores en el futuro, lo que puede llevar a una disminución de la productividad y a una ralentización del crecimiento económico a largo plazo. En un contexto global donde la competitividad y la innovación son claves, una población cada vez más envejecida y reducida puede restar dinamismo y creatividad a la economía española.
¿Qué se puede hacer? A pesar de la gravedad de la situación, los expertos coinciden en que aún hay margen para revertir la tendencia, pero se requiere un enfoque integral. En primer lugar, es esencial abordar la precariedad laboral y garantizar que los jóvenes puedan acceder a empleos estables y bien remunerados. Esto pasa por mejorar las políticas de empleo, facilitar el acceso a la vivienda y ofrecer incentivos para la formación de nuevas familias.
Por otro lado, se necesita una inversión mucho más fuerte en políticas de conciliación familiar. Ampliar las ayudas para el cuidado infantil, aumentar las subvenciones a guarderías, y ofrecer beneficios fiscales a las familias son medidas que han demostrado ser efectivas en otros países europeos.
Además, es necesario cambiar la narrativa social en torno a la maternidad y la paternidad, y apoyar a las nuevas generaciones en la creación de un futuro donde formar una familia no sea visto como un obstáculo, sino como una oportunidad. Si bien la recuperación demográfica será un proceso largo y complejo, actuar ahora podría evitar consecuencias aún más graves para las próximas generaciones.
Sin duda, España se enfrenta a un reto demográfico sin precedentes. La baja natalidad no solo afecta a las familias que ven pospuestos sus sueños de tener hijos, sino que tiene repercusiones directas en la sociedad y la economía del país. Aunque los desafíos son múltiples, con una estrategia adecuada y un compromiso real de los actores políticos, es posible que España pueda encontrar el camino hacia un equilibrio demográfico más sostenible.
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