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De lo que se va sabiendo de las investigaciones de la UCO y de los sumarios en curso, se deduce que no estamos ante una suma de casos aislados sin conexión entre sí. El “caso Koldo”, el llamado “caso de las mascarillas”, y la investigación a Begoña Gómez, tienen un nexo en la persona del empresario Aldama. En el entramado también figura un alto mando de la Guardia Civil que se encargaba de proteger las comunicaciones entre los implicados, hasta el punto de que Koldo García le pidió que averiguara si Sánchez y Ábalos, entonces ministro de Transportes, tenían los teléfonos pinchados. El caso por el que se investiga a la mujer del presidente afecta a seis ministerios: los de Economía, Educación, Industria, Transportes, Trabajo y Seguridad Social, por la adjudicación de contratos públicos a una empresa presuntamente favorecida gracias a su relación con Begoña Gómez.
Gracias al trabajo de la UCO y de los Jueces, tarde o temprano, se acabará sabiendo el alcance de esta trama de corrupción. Lo que está claro es que, si estas informaciones hubieran afectado a un gobierno del PP, estaríamos ya ante algo más que una moción de censura.
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