La Iglesia quiere incidir especialmente en la situación de las niñas, niños y adolescentes migrantes. La falta de coordinación entre las Comunidades Autónomas ha generado un dramático cuello de botella en algunos territorios, con niveles de calidad de atención incompatibles muchas veces con el respeto a los derechos básicos de la infancia. Las llegadas se mantienen en cifras perfectamente asumibles para un país del nivel de desarrollo de España, a pesar de lo cual nuestros recursos de acogimiento residencial se han visto desbordados y se han tenido que acondicionar espacios que no reúnen las condiciones mínimas. Es una realidad de la que debe tomar buena nota el Gobierno, que trabaja en un Real Decreto en el que quiere fijar los estándares que tendrán que cumplir los centros de menores. Uno de esos estándares básicos para la Administración debe ser, por descontado, la no discriminación de los niños en función de su nacionalidad.
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