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Hay muchas quejas sobre la lentitud en el pago de las ayudas de la DANA, ya sea en forma parcial o en su totalidad, en medio de un mundo de internet y de grandes y poderosas tecnologías informáticas. ¿Algo claramente falla? La Ley General de 2003 de Subvenciones y demás normativa aprobada en las Cortes Generales, y el Real Decreto-Ley 6/2024, cuando hay cuestiones urgentes o de emergencia, deberían ser reinterpretados de otra manera, así como la burocracia de normas infinitas, a modo de árboles que no nos dejan ver el bosque.
Recuerdo que en el año 1989 también hubo fuertes tormentas con inundaciones en la comarca de Huéscar (Granada), en concreto en los municipios de Orce, Galera y Huéscar principalmente, a mediados de septiembre de 1989, una DANA mucho menos agresiva que la actual. En dicha época, las cuestiones y los abonos a los damnificados se gestionaron de la siguiente forma, de acuerdo con la Subdelegación del Gobierno: yo era un simple secretario de administración local. Con los informes técnicos y firmas de los alcaldes, a los quince días del evento se abonaron, por parte del servicio de protección civil y la Subdelegación del Gobierno, el 50% de las ayudas. En aquellos casos eran unas 250.000 a 300.000 pesetas, mediante cheque nominativo a nombre de cada damnificado, y al mes más o menos se les ingresó la totalidad de la subvención, entre 500.000 y 600.000 pesetas. ¿Lo mismo que ahora?
Lamentablemente, algo falla, sobre todo la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar de los damnificados. Si un subsidio de desempleo en España se resuelve en el plazo de 15 días en la actualidad, ¿qué ha pasado con la lenta gestión administrativa de tales ayudas? Hay gente que, al no recibirlas, ha tenido que pedir préstamos. Ojo al dato: ¿implica lo anterior un detrimento aún mayor de la desconstrucción del Estado del Bienestar por parte de los poderes públicos poco eficientes, centrales y territoriales, que no se coordinan eficazmente ni colaboran unidos y adecuadamente, o son poco resolutivos en la materia?
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