Sin carta blanca para el insulto

La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Sin ella, el debate plural, el intercambio de ideas y la posibilidad de cuestionar lo establecido quedarían anulados. Sin embargo, esta libertad no puede ni debe confundirse con una licencia para el insulto, el ataque personal o la calumnia.

En un entorno donde los medios de comunicación tienen la responsabilidad de fomentar el diálogo respetuoso y constructivo, consentir los insultos y permitir que estos proliferen impunemente, especialmente bajo el paraguas del anonimato, no solo socava la integridad del medio en cuestión, sino que desvirtúa la esencia misma de la libertad de expresión.

En la mayoría de casos, personajes anónimos que se esconden tras seudónimos utilizan ese medio digital, para lanzar ataques personales, descalificaciones e insultos. Esto no es una expresión válida de opinión, sino una forma de violencia verbal que nada aporta al debate. La permisividad de este medio hacia estos comportamientos resulta inaceptable, pues permite que la difamación y el desprecio circulen libremente, empañando la calidad del contenido.

Los medios de comunicación tienen una responsabilidad ética de moderar estos espacios, no para coartar opiniones, sino para garantizar que la pluralidad y el respeto prevalezcan. La pluralidad no significa dar cabida a la agresión, ni permitir que un debate se degrade a insultos. La libertad de expresión implica derechos, pero también deberes. Es fundamental que quienes ejercen el oficio de la escritura y el análisis público elijan publicar en medios que respalden estos principios, medios plurales e independientes que son el estándar a seguir, priorizando la calidad del contenido y el respeto por las personas. Estos medios no solo permiten la exposición de opiniones diversas, sino que también ofrecen mecanismos para evitar el abuso, moderando comentarios y eliminando cualquier ataque personal.

La libertad de expresión no debe de ser utilizada como una excusa para justificar la agresión y en última instancia defender la libertad de expresión, no significa tolerar el insulto, ni permitir que quienes se escudan en el anonimato puedan insultar impunemente.

El derecho al honor y la buena imagen, protegido tanto por la Constitución Española como por diversas normativas internacionales, establece que ninguna persona debe de ser objeto de expresiones que menoscaben su dignidad o reputación. El Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que la libertad de expresión tiene límites, especialmente cuando se utiliza para difamar, injuriar o atentar contra la dignidad de una persona.

Ante estos comentarios, el medio no puede escudarse en que no son de su autoría, ya que, al publicarlos, está siendo cómplice de las agresiones verbales. El debate político y social, debe construirse sobre la base del respeto mutuo, sin importar las discrepancias ideológicas.

Además, no podemos ignorar el papel de los motores de búsqueda, como Google, en la perpetuación de este tipo de contenidos, donde siguen apareciendo bien posicionados en los resultados de búsqueda, lo que le otorga una visibilidad inmerecida. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de que algunas plataformas tecnológicas revisen sus algoritmos y criterios de posicionamiento, de forma que los contenidos ofensivos y dañinos no se vean premiados con mayor visibilidad.