Decretos parciales o nuevo bloqueo

El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un problema estructural, que trasciende lo político y afecta directamente a millones de ciudadanos en España. Las recientes tensiones parlamentarias y el bloqueo al decreto ley que incluía medidas sociales vitales, como la subida de las pensiones, las ayudas a los afectados por la DANA en Valencia y la subvención al transporte público, han puesto de manifiesto la urgencia de replantear la estrategia legislativa. Estas medidas, que son esenciales para el día a día de millones de españoles, no pueden ni deben ser objeto de negociación política, y mucho menos quedar atrapadas en disputas partidistas.

El principal error del Gobierno ha sido, englobar todas estas iniciativas en un único decreto ley, dejando su aprobación a merced de fuerzas políticas que, con sus propios intereses en juego, han optado por bloquearlas. Este planteamiento no solo pone en riesgo la eficacia de medidas sociales urgentes, sino que además convierte a los ciudadanos más vulnerables en víctimas colaterales de un juego político, que debería estar al servicio de sus necesidades, no por encima de ellas.

En un contexto político tan polarizado como el actual, donde los apoyos parlamentarios se encuentran condicionados por intereses estratégicos y exigencias territoriales, el Gobierno debería optar por decretos parciales, para garantizar que las medidas esenciales puedan avanzar de forma independiente. Las pensiones, por ejemplo, no pueden estar en el mismo paquete legislativo que otras cuestiones, porque afectan directamente a 12 millones de pensionistas, que dependen de su actualización para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y medicamentos. Retrasar esta subida, al incluirla en un decreto conjunto que queda bloqueado por razones ajenas a las pensiones, es un error de cálculo político y social muy grave.

De forma similar, la subvención al transporte público y las ayudas a los afectados por la DANA en Valencia, también deberían ser tramitadas como decretos independientes. Estas son cuestiones que no admiten discusión política, porque su necesidad es evidente y urgente. Los ciudadanos que han perdido sus hogares o negocios debido a desastres naturales, así como los que dependen del transporte público para trabajar o estudiar, no deberían esperar mientras se negocian otras cuestiones en el mismo paquete legislativo.

Al unificar medidas sociales esenciales en un único decreto, el Gobierno corre el riesgo de utilizar a los ciudadanos, como una suerte de “blancos humanos” en un enfrentamiento político. Este tipo de estrategia genera un desgaste innecesario, no solo para la imagen del Ejecutivo, sino para la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Las personas no pueden ser rehenes de una estrategia política, que prioriza el bloqueo y el enfrentamiento sobre la gestión eficaz.

La subida de las pensiones, las ayudas al transporte y las medidas para la reconstrucción tras la DANA no son ideológicas ni están sujetas a debate político profundo. Son políticas de consenso que, en cualquier contexto razonable, contarían con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, si se votaran por separado. Es por ello que resulta imprescindible que, el Ejecutivo de Sánchez abandone la lógica del todo o nada y adopte una estrategia más pragmática, que permita avanzar en la aprobación de esas medidas esenciales.

Si bien es cierto que la responsabilidad recae en gran parte sobre el Gobierno, los partidos de la oposición también deben reflexionar sobre su papel en esta crisis. El voto en contra de Junts y PP, motivado por intereses específicos, demuestra una falta de empatía con los millones de ciudadanos que dependen de estas medidas. Sin embargo, este tipo de bloqueos serían menos efectivos, si el Gobierno apostara por un enfoque legislativo más segmentado y específico.

La política debe ser un espacio de diálogo y solución, no un campo de batalla en el que los ciudadanos sean los que paguen el precio.

El camino está claro, decretos parciales para garantizar que las medidas esenciales lleguen a quienes más las necesitan, sin más retrasos ni bloqueos. En este momento, la prioridad debe ser el bienestar de los ciudadanos, no las disputas parlamentarias. Los ciudadanos necesitan ver resultados inmediatos y no discursos vacíos, eso ya no les vale. En política, los errores en la gestión no solo se pagan con críticas, sino también en las urnas, con lo cual, si estas cuestiones no se solucionan con rapidez, el Gobierno de Sánchez, corre el riesgo de perder el apoyo de sectores clave como los pensionistas, que ya han perdido bastante poder adquisitivo, las familias trabajadoras y muchos más sectores, que se ven atrapados en un mar de intereses partidistas. En definitiva, el Ejecutivo de Sánchez tiene una oportunidad para corregir el rumbo, pero el tiempo apremia. Gobernar no es solo una cuestión de ejercer el poder, sino de demostrar que se está a la altura de las necesidades de quienes depositaron su confianza en las urnas.