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Aunque internet nos facilita muchas tareas, gestiones y la comunicación diaria, los poderes públicos deberían regular una serie de cuestiones, como la limitación del acceso a internet de forma temporal o por horas, el derecho a una desconexión parcial, la lucha contra la pobreza digital y la prevención de la dependencia patológica de la red. Pero también es fundamental combatir el delito y el engaño en internet y en plataformas como WhatsApp.
Creo que ya vamos bastante tarde, porque los fraudes en internet son numerosos y hay demasiados frentes abiertos. Es necesario informar más a la opinión pública, vigilar, controlar y denunciar estas amenazas. Sin embargo, la propia legislación sobre protección de datos no alcanza todo lo que debería para controlar un entorno digital que muchas veces parece un barco navegando en un océano virtual sin ley. En este mar digital conviven comunicaciones legítimas con la piratería, por lo que es imprescindible reforzar la lucha contra estos peligros y activar protocolos de protección y bloqueo automático frente a fraudes. No se trata solo de antivirus, sino de sistemas de alerta y defensa ante ataques de piratería, estafas y bulos en la red, que en ocasiones incluso algunos gobernantes fomentan con promesas como “hágase rico con 250 euros especulando”, entre otras estafas.
En definitiva, internet no es la vida, aunque algunos nos quieran hacer creer lo contrario. Es simplemente una herramienta que facilita ciertas tareas. Y por si esto fuera poco, ahora nos enfrentamos a la inteligencia artificial, esa que pretende pensar por ti para que tú no pienses ni uses tus neuronas.
Por último, la máquina no puede ni debe controlar al ser humano ni crearle dependencia. A pesar de sus errores, el ser humano necesita ser libre. Corresponde a los poderes públicos, junto a los organismos internacionales, establecer más protocolos de control y seguridad digital, regulando plataformas, programas y accesos que sean dudosos o delictivos. Todo esto debe ser supervisado y bloqueado en nombre de la libertad y la seguridad jurídica de los ciudadanos. La seguridad en las comunicaciones debería ser un derecho esencial garantizado tanto por los poderes públicos como por las empresas.
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