La acción popular es un pilar fundamental en nuestro sistema democrático, y restringirla supone limitar el derecho de la ciudadanía a exigir responsabilidades a las personas en puestos de poder. No debemos olvidar que gracias a este mecanismo se han destapado casos de corrupción de gran calado que, de otro modo, habrían quedado impunes. Intentar silenciar estas voces y cerrar puertas a futuras investigaciones es una muestra más de cómo Sánchez utiliza el poder no para servir al interés general, sino para proteger sus propios intereses. El problema es que ya ni disimulan. Ni su hermano ante la juez, ni él presentando una iniciativa para liberar a los suyos. ¿Dónde están esos “socialistas buenos”, que siguen sin levantar la voz?
Esta combinación de desfachatez personal y sucias maniobras legales del clan Sánchez nos aboca a una situación alarmante. Estamos avanzando hacia un Estado de privilegios, y esto es algo que está ocurriendo ante nuestros propios ojos. Si los españoles queremos una democracia robusta donde nadie, ni siquiera el hermano del presidente, esté por encima de la ley, debemos actuar. Sin importar la ideología. Porque esto podría ocurrir con cualquier otro gobierno en el poder. Si es que alguna vez llegamos a cambiarlo.
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