Los grupos del Congreso reciben a las organizaciones de jóvenes y pensionistas que exigen el blindaje de las pensiones

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), formada por 517 organizaciones, se ha concentrado en 70 poblaciones de todo el país con el lema ‘Somos 48 millones para Blindar las Pensiones en la Constitución’, según aseguran en un comunicado para “defender las pensiones públicas de los ataques que están sufriendo y para decirle a Bruselas que no vamos a aceptar nuevos recortes”. En Madrid lo han hecho frente al Congreso de los Diputados.

Portavoces de la plataforma, en referencia al lema de la convocatoria, aseguran que decir “somos 48 millones de pensionistas”, es una declaración de intenciones, “por unir generaciones de forma solidaria, como hacen nuestras pensiones, pero también porque el esfuerzo conjunto de toda la sociedad es el que hace posible la existencia de un sistema como el nuestro”.

Estas organizaciones, que han recogido casi 3 millones de firmas, consideran que “ahora se hace más necesario que nunca defender el Sistema Público de Pensiones de los ataques que está recibiendo, enfrentando a jóvenes con pensionistas y lanzando bulos para justificar la supuesta insostenibilidad de las pensiones y su privatización”, porque “no solo los pensionistas no son responsables de la precariedad de la juventud, sino que gracias a las pensiones, una parte de la juventud ha tenido un colchón en sus familias, durante la crisis del 2008 o durante la pandemia”.

De hecho, son más de 30 las organizaciones de juventud que pertenecen a la MERP y “parte de las firmas las hemos recogido en las 45 universidades públicas”.

También han reivindicado hoy la unidad de los pensionistas, “porque enfrentan a quienes cobran la máxima con quienes cobran la mínima, cuando la realidad es que el 50% de las pensiones son de menos de 1000 euros, y el 30% de menos de 600”. Consideran que en todo caso, “las comparaciones serían posibles con alguien que tenga un fondo de pensiones de 5 millones de euros, pero no entre quienes cobran una pensión pública o deben cobrarla en el futuro”.

Por otra parte, también han salido a la calle “por la incertidumbre que nos genera que desde Bruselas puedan venir la exigencia de nuevos ajustes”. En el comunicado que se ha leído en todas las ciudades y en las cartas que han entregado en el Congreso de los Diputados a todos los grupos, afirman que “la sostenibilidad de las pensiones públicas depende exclusivamente de la voluntad política”, y aunque “nos hemos unidos sensibilidades y trayectorias políticas muy distintas, incluso opuestas en muchos aspectos”, todas las organizaciones defienden “una reforma de la Constitución que prohíba de forma explícita la privatización total o parcial de las pensiones públicas y la pérdida de poder adquisitivo, recibiendo el tratamiento de un derecho fundamental”.

Hay que tener en cuenta que las pensiones públicas no están hoy consideradas ni si quiera como un derecho constitucional, sino como una mera expectativa de derecho cuyo cumplimiento depende de los poderes públicos. Para las organizaciones de la MERP, “esto tiene que cambiar”.

A los grupos parlamentarios les han pedido por carta “una reunión para valorar los resultados de la revisión del sistema que va a hacerse en marzo y avanzar en la propuesta de reforma constitucional”. Todos los grupos del Congreso, en la concentración en Madrid, menos VOX, han recibido la carta, y los portavoces del PSOE, PP, Bildu, Junts, ERC, IU, Compromís, Els Comuns, Chunta, Podemos, Coalición Canaria y BNG han bajado a recibir la carta y saludar a los 500 representantes de las organizaciones concentradas frente al Congreso.

También ha recibido la carta de manos de los portavoces de la plataforma, Mercè Pera, presidenta del Pacto de Toledo.