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La decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en la cual instaba al Gobierno a que, en el plazo limitado a diez días, se hiciera cargo, dentro del Sistema Nacional de Acogida y Protección Internacional, deja en evidencia la carencia de un enfoque global sobre las migraciones que incluya las consecuencias sociales del fenómeno y la necesaria intervención en los países de origen. Un enfoque que tenga clara la asistencia por razones humanitarias de quienes llegan exhaustos a nuestras costas. Una adecuada política de acogida y asilo debiera formar parte del marco más amplio de un Pacto de Estado sobre flujos migratorios y políticas de asilo, firmado también con el concurso de las comunidades autónomas. Este acuerdo de Estado evitaría la politización del fenómeno migratorio y su utilización para fines electorales.
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