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El Tribunal Supremo ha instado al Gobierno a que se haga cargo, dentro del Sistema Nacional de Acogida y Protección Internacional, de los 1.000 menores inmigrantes no acompañados que se encontraban en Canarias en ese momento y que han solicitado asilo. Esta medida responde a que el Gobierno de Pedro Sánchez hacía oídos sordos a los reiterados requerimientos de la administración canaria, basados en que el Estado tiene competencia exclusiva respecto del derecho de Asilo. El Auto del Tribunal Supremo pide además que se le informe de las medidas de acogimiento y asistencia a los menores no acompañados, “cuya implantación efectiva se revela, además, imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento”.
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