Las autoridades colombianas han concluido la operación de rescate de los restos mortales de las 71 personas que perdieron la vida en el accidente del avión que trasladaba a los jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que se estrelló en la noche del lunes en el Cerro Gordo de la Unión, en el departamento colombiano de Antioquia.
"Se cierra operación búsqueda y rescate: 71 cuerpos recuperados y 6 sobrevivientes", ha explicado Carlos Iván Márquez, del departamento de prensa de la Presidencia de Colombia, en un mensaje publicado en Twitter por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres.
La Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional de Colombia, que ha estado participando activamente en la recuperación de cadáveres y el rescate de los heridos, ha confirmado que han terminado las labores sobre el terreno.
"Con dolor en nuestros corazones pero con la satisfacción del deber cumplido, terminó con lágrimas el rescate de los cuerpos de los campeones", ha asegurado, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.
El avión de la compañía Lamia que trasladaba a los jugadores del equipo brasileño Chapecoense se estrelló en lunes por la noche en la zona del Cerro Gordo de la Unión, en el departamento de Antioquia, tras haber informado de que sufría un fallo eléctrico.
A bordo de la aeronave viajaban 77 personas, entre jugadores, acompañantes, técnicos, periodistas y tripulantes, de los que solo han sobrevivido seis. La Fuerza Aérea de Brasil ha enviado un avión para repatriar los cuerpos cuando se complete su identificación en Colombia.
Expertos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos criticaron el creciente uso de la desaparición forzada contra activistas en Venezuela, e instaron al gobierno a reconocer su paradero y evitar daños a su vida e integridad personal.
El Gobierno de Nicaragua ha desmantelado los últimos controles que existían sobre su poder, ejecutando sistemáticamente una estrategia autoritaria, mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos, según ha advertido esta semana un grupo de expertos de las Naciones Unidas.
La pena capital no debería existir ya en el siglo XXI, y los Estados que la aplican deberían establecer una moratoria y avanzar hacia la abolición, según ha planteado de nuevo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk.