Era de esperar que las medidas adoptadas por el nuevo gobierno cayeran como un jarro de agua fría sobre la vapuleada población española, sobre todo las de carácter económico.
Haciendo uso del dicho "el que avisa no es traidor" habría que comprender que, como ocurrió hace más de un año en países como Gran Bretaña, nación que sin verse afectada por la fluctuación del euro, ha padecido la crisis de forma muy aguda, la adopción de una política de recortes presupuestarios resultaba perentoria, algo tan inevitable como impopular. El Consejo de Ministros que preside Mariano Rajoy ha comenzado a aplicarla; si bien, en opinión de muchos expertos, con cierta timidez. Sin embargo, nos ha sorprendido con algo que no esperábamos: una inmisericorde subida de impuestos; de manera notoria el IRPF y el IBI, los dos que afectan directamente al ciudadano medio, el más sujeto a los controles fiscales. ¿Puede hablarse, en este caso, de "traición al electorado?
La respuesta más fácil (pero acaso no la más correcta) sería afirmativa; sobre todo teniendo en cuenta que el partido que ahora controla el Ejecutivo criticó siempre la política socialista, tendente a aumentar la presión fiscal.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, arguyó que ante el inesperado déficit del 8%, frente al del 6% que hasta noviembre estimó como máximo la anterior responsable de Economía, Elena Salgado, era inevitable adoptar esta medida porque, de no hacerlo, "lo habría exigido Bruselas". Puede ser… Hasta es incluso probable que así hubiera sido; lo cual es otra prueba de la poca autonomía que tienen los gobiernos de la "zona Euro" para desarrollar sus políticas económicas, sin seguir al pie de la letra los dictámenes de Bruselas (léase: de Merkel y Sarkozy)
No sería propio hablar de traición; aunque sea lógico pensar que los actuales responsables de las finanzas del Estado debían de saber, o por lo menos sospechar, cuál era la situación real y, por lo tanto, qué medidas habría que tomar (entre ellas, desde luego, la de subir los impuestos) antes de las elecciones del 20-N. En este sentido sería más exacto hablar de "maniobra política" para no perder votos con el anuncio de decisiones que resultan siempre muy impopulares.
2012 va a ser un año duro. Tendremos que acostumbrarnos, entre otras cosas, a aprender a administrar nuestros recursos al céntimo. Nuestro país, mal que nos pese a muchos y les humille a algunos, nunca estuvo en trato de igual a igual con naciones como Alemania, Francia y otros miembros de la UE; entre otras razones porque el salario mínimo interprofesional sólo colocaba a quien lo percibía a las puertas mismas de lo que se denomina "el umbral de la pobreza", y la asistencia al desempleo, que acaba por extinguirse como una vela, es de una precariedad manifiesta frente a la de otros "socios de la Unión" que mantienen una continuidad que impide que multitud de familias entre en una situación de ruina total.
No se trata sólo de "gravar a las grandes fortunas", como demagógicamente afirma cierta izquierda. La tarea es mucho más amplia, e incluye la implementación del I+D+I y la creación de incentivos que eviten el éxodo masivo de profesionales, especialistas, y, en general, de mano de obra cualificada.
No parece que, en este sentido, el nuevo gobierno haya estado atinado al suprimir 600.000.000 de € sus aportaciones a la investigación. Tampoco se entiende muy bien que haya eliminado el Ministerio de Cultura, integrándolo en Educación.
No obstante, habrá que darle los cien días de rigor antes de empezar a valorar sus logros o deméritos.
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