Para este viaje no necesitábamos alforjas. Y es que la reforma del sistema financiero que plantea el gobierno bajo la fórmula del real decreto y con el episódico título de reestructuración y resolución de crisis en entidades, nace no sólo tarde. También con ciertos pormenores que quizás puedan parecer irrelevantes, pero significan un proceder adocenado, tímido y abrumado. Se ha reducido de 600.000 a 500.000 euros el tope de retribución fija para presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades que hayan recibido dinero del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Se continúa con el fijado de 300.000 euros, tras el proceso de “nacionalización” de las ya conocidas Bankia, NovaGalicia Banco o Catalunya-Caixa. Aunque existen excepciones como es la del actual presidente de Bankia. Percibe, aparte del sueldo actual, una pensión vitalicia de 52,5 millones de euros fruto de su paso como consejero en el BBVA. Emolumentos que contrastan con la gestión realizada: las pérdidas contabilizadas durante el primer semestre de este año suman un total de 4448 millones de euros. No hay que olvidar que el pasado año registró unas pérdidas cifradas en 3318 millones de euros. La ayuda europea prevista para el mes de julio no ha llegado y la necesidad es acuciante pues, al parecer, el FROB va a suministrar fondos a esta entidad por un valor de 4500 millones de euros –ya recibió 4645 que suponen más de 9000 millones de euros- desequilibrando su propia liquidez. La cobertura, según las estimaciones conocidas, debe alcanzar hasta los 30.000 millones por lo que el retraso del rescate está suponiendo un lastre. Este trasfondo es reconocible en el resto de bancos intervenidos con pésimos números y pobres perspectivas de futuro.
La solución largamente esperada se llama “banco malo”. El propio nombre crea más incertidumbre que sosiego. Sobre todo después de conocer que asumirá los activos por impago de deuda correspondiente a viviendas y suelo, que ascienden a 180.000 millones de euros y buena parte de ellos pertenecen a la entidades pendientes de recibir ayuda económica. Ahora queda efectuar el trasvase y esperar que en el margen previsto de entre 10 y 15 años su venta no sea, al menos, deficitaria.
Los sucesos parecen devenir en una extraña y paradójica marea que arriba a modo de naufragio. Mientras el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos se presentaba en la convención de su partido en la localidad de Tampa. A miles de kilómetros, en Melilla, unos cientos de inmigrantes trataban de salvar la valla que delimita pobreza y riqueza entre dos continentes. Otros depositaban sus esperanzas en Isla Tierra, un pequeño islote frente a las costas marroquíes en el que un solitario y enhiesto asta con bandera rojigualda indica que es territorio español. Casi a la par, a cientos de kilómetros, en Sevilla, en el número 158 de la calle Feria, cinco familias desahuciadas apoyadas por el movimiento 15-M ocupaban unas viviendas embargadas por Bankia, que permanecían vacías desde hacía dos años. El candidato republicano
–con cuentas en paraísos fiscales, que no revela sus declaraciones de hacienda y con una fortuna de 250 millones de euros de los que paga una media del 13 por ciento de impuestos- es digno sucesor del denominado “Tea Party”. Con un programa que incluye, entre otras bondades, prohibición de aborto, no siendo eximente la violación, deportaciones masivas de inmigrantes, privatización de la sanidad para los jubilados, cortapisas al matrimonio homosexual. Las sombras de la noche han sido escogidas por el gobierno de España para entregar al gobierno de Marruecos a los subsaharianos que habían pisado el diminuto suelo de Isla Tierra. Éstos acompañaron en su suerte a los que ya la probaron en tierra firme en un viaje a la nada: la frontera entre Argelia y Marruecos. Un límite oscuro por las inexistentes relaciones entre ambos países. Arrojados al desierto, desposeídos de documentación y olvidados. Bajo el hostigamiento al que se ven abocados en ambos territorios por la tensión fronteriza. La represión, según Médicos Sin Fronteras, ha ido creciendo paulatinamente. Las palizas son la cuestión menor. El castigo es selectivo. Han aumentado los casos de rotura de piernas con afectación a la movilidad. Las bolsas de exclusión y marginalidad provocan una precaria alimentación y salubridad. La incidencia en la salud mental es ya una realidad. Son sin ser. Como estos ciudadanos que cruzan el umbral de una vivienda que no les pertenece legalmente. Ansían el futuro que otros le niegan por pura especulación. Sin agua, luz, calefacción pero con la necesidad primaria de guarecerse bajo un techo. Seres a la intemperie que, como los que esperan más allá de los 14 kilómetros que nos separan de África, no se amilanan porque la necesidad es imparable. O como los más de 1,7 millones de inmigrantes que ven peligrar el proceso de regularización de su situación y así evitar la deportación, que ha emprendido el gobierno de Estados Unidos, si los republicanos ganan las elecciones y de las que sólo nos separan dos meses.
Nos encontramos en una balsa de piedra a la deriva. Como los personajes de la novela de José Saramago. Aislados en la sólida tierra que fluye plácidamente hacia la catástrofe. Náufragos que no ven el mar, que no avistan el horizonte y que, por tanto, minimizan las consecuencias del rumbo de los acontecimientos. Flotamos sobre principios y derechos que acomodan el peso específico de nuestras acciones al ruego más acomodaticio. Incluso si suponen la vulneración de aquéllos. ¿Cómo entender si no los desahucios y las expulsiones amparándose en la presunta legalidad, pero obviando las consecuencias de los que las sufren? Sólo desde la merma de valores democráticos.
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