Cuba insta a la Embajada de Reino Unido a "no inmiscuirse" en los asuntos internos del país caribeño

El director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba, Emilio Lozada, ha mantenido este jueves un encuentro con el embajador de Reino Unido en el país, Antony Stokes, a quien ha instado a "no inmiscuirse" en los asuntos internos de Cuba.

"He recordado (a Stokes) la necesidad de respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece, en su artóculo 41, la obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor", ha publicado Lozada en sus redes sociales.

Este martes, Stokes lanzó una publicación en Twitter en la que aseguraba que "el hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada por el Decreto Ley 35" solo hacían que "silenciar voces legítimas", a la par que "violan convenciones internacionales".

Es por esto que el funcionario del Minrex le ha recordado al embajador británico que Reino Unido "es signatario de esta Convención (de Viena) desde diciembre de 1961", y le ha reiterado que las leyes de ciberseguridad "no son exclusivas de Cuba".

"El marco regulatorio de Reino Unido establece sanciones destinadas a promover la prevención de la actividad cibernética que debilite la integridad del país, causes pérdidas económicas o afecte a un número significativo de personas", ha señalado Lozada.

La nueva legislación puesta en vigor en Cuba el pasado 16 de agosto implementa la política sectorial y ordena y garantiza "el uso del espectro radioeléctrico, la planificación, instalación, operación, explotación, mantenimiento y comercialización de las redes y la adecuada prestación a las personas naturales y jurídicas de estos servicios, incluida su seguridad".

El Gobierno de Cuba ha aprobado este martes una batería de normativas que "tipifican los delitos en Internet" y contemplan como contrario a la ley "la difamación de mensajes contra el Estado" y la "incitación a movilizaciones", lo que ya ha suscitado dudas entre representantes de la oposición.

"Por primera vez, el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico", ha dicho el director de ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones, Pablo Domínguez Vázquez, según recoge la prensa oficial.

Domínguez ha explicado bajo la medida "serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal, como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión" como "la divulgación de noticias falsas, los mensajes ofensivos o la difamación con impacto en el prestigio del país".

En este sentido, se entiende como delitos "la difusión a través de Internet de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado", "inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público" o "difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas".

PREOCUPACIÓN OPOSITORA
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), crítico con el Gobierno de la isla, cree que se trata de una regulación "para reprimir la libertad de expresión". El director de estrategia de la organización, Yaxys Cires, cree que "ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de Internet y de telefonía".

Cires ha recordado los 'apagones' ocurridos el 11 y el 12 de julio, en plena ola de protestas, y ha lamentado que se quiera imponer "otra vuelta de tuerca de la represión". "Cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al gobierno, podría incurrir en una violación", ha advertido en un comunicado.

El director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, también ha reaccionado en su cuenta de Twitter a las normativas y ha coincidido en denunciar que el Gobierno de Cuba "restringe aún más Internet".

En julio, ciudadanos cubanos salieron a las calles para expresar su descontento por la carestía de productos básicos, como alimentos y medicinas, y miembros de la comunidad internacional y ONG, entre otros, denunciaron una dura represión contra los manifestantes y cortes de Internet en la isla.