Más de una quincena de detenidos tras una nueva noche de protestas en Tiflis
La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, ha recurrido este martes al Tribunal Constitucional en un intento por revocar los resultados electorales de las parlamentarias celebradas el pasado mes de octubre y en las que, según ha denunciado, el partido gubernamental Sueño Georgiano incurrió en un delito de fraude electoral. La abogada de la presidenta, Eka Beselia, ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación que la demanda presentada por Zurabishvili "hace referencia a la violación de dos derechos constitucionales: el de universalidad y el del voto secreto", según informaciones recogidas por el portal de noticias Civil. "El primero queda reflejado en el hecho de que a nuestros conciudadanos que viven en el extranjero no solo se les limitaron sus derechos constitucionales sino que también se les prohibió participar en las elecciones. (...) Hay más de una prueba relacionada con la violación de la confidencialidad", ha aseverado. El tribunal cuenta ahora con tres días para decidir si admite o no a trámite la demanda. En caso afirmativo, contará con un mes de plazo para emitir su veredicto. La presidenta ya había señalado el lunes que recurriría al Constitucional para declarar las elecciones "fraudulentas" después de haber propuesto en varias ocasiones una nueva convocatoria. "Todos vimos que hubo un amaño generalizado y sistemático, incluso antes y durante las jornadas electorales. También se ha violado un derecho muy importante, por lo que las denuncias sean examinadas con imparcialidad por el tribunal independiente", ha aseverado antes de subrayar que los resultados y la legitimidad del nuevo Parlamento "no han sido aceptados por ninguno de los partidos de la oposición ni por gran parte de la sociedad civil, que no los reconoce y continúa con las protestas". Zurabishvili ya anunció la semana pasada su intención de celebrar nuevas elecciones después de acusar al oficialismo de haberse apoderado de las instituciones tras imponerse en los comicios con poco más del 53 por ciento de los votos. La presidenta ha enfatizado que a pesar de que la sociedad georgiana "es europea y democrática", está sujeta a "un gobierno de partido único que se ha apoderado de las instituciones". "El país se enfrenta a graves amenazas; una de ellas es la desestabilización, que puede conducir a un gobierno dual y a una polarización cada vez más profunda, que, como vemos todos los días, se ve facilitada por la propaganda organizada por un Gobierno extremadamente agresivo y sus partidarios", ha lamentado. En este sentido, ha expresado que este peligro aumenta "cuando un país elige el aislamiento en lugar de las estrechas relaciones con sus socios", ha añadido.
CONTINUACIÓN DE LAS PROTESTAS
El aumento de la tensión ha provocado numerosas protestas desde que se anunciaron los resultados oficiales. Este mismo martes por la mañana, la Policía georgiana ha detenido a 16 personas durante un último día de manifestaciones en Tiflis, la capital, contra el Gobierno del primer ministro, Irakli Kobajidze, y a favor de la convocatoria de nuevas elecciones. Las detenciones se han concentrado en las avenidas Chavchavadze y Melikishvili, en el centro de la ciudad, donde la Policía Antidisturbios ha logrado sofocar las protestas y dispersar a decenas de personas que habían acampado en las inmediaciones, según informaciones del diario 'Georgia Today'. El Ministerio del Interior ha confirmado la cifra de arrestados, pero ha aclarado que muchos de ellos podrían ser puestos en libertado próximamente a pesar de que se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes, que se han trasladado a otras zonas para seguir con su marcha. El país ya se había visto previamente afectado por una fuerte ola de protestas a raíz de la aprobación de la polémica ley de 'agentes extranjeros', una legislación que regula el trabajo de las ONG y los medios de comunicación en suelo georgiano y que muchos han descrito como un texto de "corte ruso". Sin embargo, las autoridades siguen insistiendo en aplicar esta medida --llamada Ley de Transparencia de Influencia Extranjera--, la cual consideran necesaria. La normativa obliga a organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20 por ciento de su financiación del exterior a registrarse como "agentes que defienden los intereses de fuerzas extranjeras". En caso de no registrarse pueden ser sujetas a multas cuantiosas. Asimismo, el partido gubernamental Sueño Georgiano ha insistido en que tampoco retirará otras medidas, como la ley que prohíbe la "propaganda" a favor de la comunidad LGTBI, un texto que también levantó ampollas entre la sociedad civil y organizaciones defensores de los Derechos Humanos y que, según voces críticas, aleja aún más a Georgia de la senda para la integración europea.
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