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La CUP afirma que un informe del Govern avala parar el Hard Rock sin pagar indemnizaciones | |||
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El grupo de la CUP en el Parlament ha difundido este martes un informe del gabinete jurídico de la Generalitat de noviembre de 2023 que, según el partido, avala que se puede parar el Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock sin que la decisión derive en la obligación de indemnizar a los promotores. En una rueda de prensa ante el Parlament junto a miembros de la plataforma Aturem Hard Rock, la líder de la CUP en la Cámara catalana, Laia Estrada, ha acusado al PSC de "mentir" sobre las eventuales indemnizaciones que debería pagar al Govern, en alusión a la cifra de 50 millones que hasta ahora se contemplaba como posible indemnización. "Se puede parar el plan director urbanístico o aprobar otro que impida la construcción del Hard Rock sin que haya consecuencias económicas para la administración pública", ha subrayado Estrada. "ABERRACIÓN AMBIENTAL" La diputada ha manifestado que el PSC puede parar el proyecto del Hard Rock, que califica de "aberración ambiental" y, en paralelo, han pedido a los Comuns que mantengan la exigencia que hacían al anterior Govern de ERC en relación al casino, y también ha exigido a los republicanos que den explicaciones sobre este informe. El documento lo ha facilitado la actual Conselleria de Economía y Finanzas del Govern, a petición de la CUP; fue encargado por la Conselleria de Economía y Hacienda del anterior Ejecutivo de ERC, y presentado en noviembre de 2023, meses antes de que decayera la legislatura del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès. POSIBLES INDEMNIZACIONES El informe, que la CUP ha facilitado a la prensa, plantea dos posibles vías que pueden alegar los promotores para pedir indemnizaciones en caso de que se tumbe el proyecto, una por daño emergente y otra por lucro cesante. En el caso del daño emergente, considera "viable" una reclamación de los promotores si el PDU impide el desarrollo del proyecto, aunque sólo por los gastos hechos únicamente después de la autorización al casino, y matiza que esa vía puede prosperar en caso de que se acredite que la Generalitat no se haya adecuado claramente a la legalidad. Sobre el lucro cesante, concluye que no es "factible", porque no se habría generado ninguna expectativa de negocio cuantificable, sino, textualmente, una expectativa meramente posible, insegura, dudosa o contingente, desproveída de certeza. También apunta que no se generaría ningún derecho de indemnización si la Generalitat acaba apartándose de la operación de intermediación, dejando sin efecto el acuerdo de Govern vigente del 15 de diciembre de 2020. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS En todo caso, apunta el informe, si se aprueba una PDU en unos términos que imposibiliten la implantación del casino, se debería devolver la fianza de 10 millones que depositaron los promotores. Asimismo, los promotores podrían recuperar otros 2,5 millones de un segundo depósito que hicieron al Institut Català del Sòl (Incasòl) por el contrato que suscribieron para la opción de compra de los terrenos donde se construiría el casino. SUSCRIPCIÓN "ANÓMALA" DEL INCASÒL El mismo documento, en su desarrollo, recuerda que el Incasòl y los promotores del Hard Rock llegaron a un acuerdo el 29 de julio de 2016 sobre la base del derecho de opción de compra, que reconoce a los promotores el acceso a la propiedad del suelo. Según el escrito, "resulta, de alguna forma, anómala la suscripción de un contracto de reconocimiento del derecho de acceso a un inmueble por parte de una entidad que no ostenta ninguna titularidad dominical ni la posesión de éste". PETICIÓN DE COMPARECENCIAS Con ello, Estrada ha anunciado que pedirán la comparecencia de miembros del actual Govern y del anterior Ejecutivo de ERC, cuando se encargó el documento trasmitido ahora por la Generalitat a petición de la CUP. En concreto, pedirán que comparezca la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para que explique por qué no han retirado aún la licencia de casino; y la de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, para preguntarle sobre la posible retirada o modificación del PDU. Asimismo, pedirán que comparezca la exconsellera de Economía y Hacienda del anterior Govern, Natàlia Mas, cuyo departamento encargó el informe; del mismo expresidente de la Generalitat Pere Aragonès; y de la que fuera en ese momento consellera de Territorio, Ester Capella. |
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