|
MADRID, 17 (OTR/PRESS) En más de una ocasión, con motivo de algunas de las felonías políticas que se han ido sucediendo a lo largo de la legislatura -indultos a golpistas, ley de amnistía a la carta, reformas del Código Penal para rebajar la malversación, etc. etc.-, nos habíamos preguntado hasta dónde podría llegar el nivel de infamia que aparejan algunos actos validados por el actual Gobierno. La pregunta continúa siendo pertinente porque el nivel de infamia ha subido hasta alcanzar una cota sin precedentes. Lo último, un hecho que remite al Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso que, como pago a las exigencias del prófugo Carles Puigdemont, votó a favor de la comparecencia en una comisión parlamentaria de un terrorista yihadista condenado por el Tribunal Supremo a 36 años de prisión por su participación en los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 que provocaron la muerte de 16 personas y más de 300 heridos. Mohameh Chemal se llama el individuo. La presencia en una comisión de este sujeto que compareció esposado y custodiado por agentes de policía -hecho sin precedentes en el Congreso-, fue el resultado de una exigencia del prófugo Carles Puigdemont, el líder de Junts, muleta en la que se apoya Pedro Sánchez para su permanencia en La Moncloa. El objetivo -cumplido- de semejante montaje era ampliar la teoría de la conspiración urdida por los separatistas acusando al CNI de haber permitido que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, montara la célula que acabó atentando en Barcelona. Ante el avergonzado semblante de algunos diputados (los menos) y la insólita apariencia de normalidad de otros, sin aportar prueba alguna, el terrorista acusó al CNI (Ministerio de Defensa) de estar al tanto de las intenciones del imán. Solo los portavoces del PP se ausentaron, el resto siguió escuchando semejante disparate. Una infamia que no parece haber avergonzado ni al ciudadano que un día fue juez, el ministro Fernando Grande Marlaska, ni al de Justicia Félix Bolaños a quien también le parecía normal que un condenado por terrorismo pueda comparecer en una comisión del Congreso para acusar sin pruebas al Estado de estar detrás de un doble atentado terrorista. No se tienen noticias de que la señora Francina Armengol, presidenta del Congreso, haya presentado su dimisión avergonzada por haber permitido semejante dislate. El nivel de la infamia sigue aumentando.
| 
