
La Delegación Diocesana de Migraciones y el Secretariado Diocesano para la Pastoral del Trabajo de la Diócesis de Córdoba han subrayado este martes que "no es legítimo ni humano ni cristiano criminalizar a las personas migrantes sin papeles, que, en la gran mayoría de los casos, vienen buscando trabajo a fin de construir un futuro mejor para sus familias y poder regularizar su situación".
Además, según han señalado en una nota, se trata de "trabajo que, en muchas ocasiones y ante las condiciones en que se oferta, no quieren los trabajadores locales" y, por eso, tal y como indicó el Papa Francisco en su carta a los obispos norteamericanos del pasado 10 de febrero de 2025, "la conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, de manera tácita o explícita, la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad".
Precisamente, desde la referida Delegación Diocesana de Migraciones han aclarado que han reaccionado así "ante la situación de sufrimiento, miedo y ansiedad que muchas hermanas y hermanos nuestros inmigrantes, especialmente sin documentación regularizada, están sufriendo por las actuales leyes de extranjería y por los estados de opinión que se están difundiendo contra ellos y que están calando en muchos sectores de nuestra sociedad".
"Estos estados de opinión --han proseguido-- que se difunden contra la población inmigrante en situación irregular, en muchas ocasiones bajo bulos o medias verdades, crean un rechazo indiscriminado, promoviendo el odio y el terror, llevando al no reconocimiento de su sagrada dignidad y no acogiéndolas y sintiéndolas como hermanas, hijas de un mismo Dios", hecho éste que "devalúa también la dignidad de las personas que las rechazan y las criminalizan", cuando, según indicó el Papa en la mencionada carta, "los cristianos sabemos muy bien que solo afirmando la dignidad infinita de todos nuestra propia identidad como personas y como comunidades alcanza su madurez".
En este sentido, desde la Diócesis han defendido que "toda persona tiene una dignidad infinita y trascendente" y, por tanto, "es inviolable, esté o no en situación regular", de modo que "nuestro país, como todos, tiene el deber y la obligación de regular de manera ordenada y legal los flujos migratorios, pero no lo puede hacer con políticas restrictivas de cierre de fronteras, que seleccionan a las personas y discriminan a las familias más vulnerables y empobrecidas, condenándolas a no emigrar o a hacerlo en situación irregular".
Por ello, desde la Diócesis cordobesa han querido expresar su "apoyo y solidaridad con todas las personas migrantes, tengan o no papeles", pues "la Iglesia ha de ser comunidad que acoge, protege, promociona e integra a toda persona, especialmente a las más débiles y vulnerables; también, comunidad que denuncia proféticamente toda iniciativa que no reconoce la sagrada dignidad que le confiere a la persona ser hija de Dios".
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