MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluará los instrumentos con los que las administraciones públicas ayudan al sector privado y la gestión de los residuos urbanos durante la tercera fase del ejercicio de ‘spending review’ del gasto público que el Gobierno ha aprobado encargarle este martes en el Consejo de Ministros.
Su análisis tiene por finalidad ayudar a mejorar la calidad y composición del gasto público, un objetivo incluido entre los retos asumidos por el Ejecutivo en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con el que apela a casi 70.000 millones de euros del NextGeneration UE. La intención última es mejorar la eficiencia del gasto público y su reorientación hacia fines más productivos.
El Ministerio de Hacienda explicó al respecto que el ‘spending review’ supone en sí una herramienta “dirigida a la construcción de políticas fiscales prudentes que hacen compatibles las prioridades del Gobierno (crecimiento sostenible, creación de empleo e igualdad social y territorial) con el compromiso con la estabilidad presupuestaria a medida que la recuperación económica se consolide”.
El primer ámbito de análisis que incorpora la tercera fase del ‘spending eeview’ es el relativo a los instrumentos financieros puestos a disposición por parte del sector público para apoyar a los sectores productivos.
Según Hacienda, su evaluación es “prioritaria en estos momentos”, precisamente porque se busca que contribuya a reforzarlos y que sean más útiles en la estrategia de transformación de la economía que guía el plan de recuperación.
También abordará la revisión de la gestión de los residuos urbanos, un área que ha sido identificada como prioritaria en distintos informes y recomendaciones por parte de organismos internacionales como el Consejo de la UE o FMI por sus efectos sobre el medio ambiente y su impacto en la creación de empleo.
La AIReF contará ahora con un mes para remitir al Ministerio de Hacienda un plan de acción para cada una de las áreas a analizar, que incluya aspectos metodológicos, las entidades públicas afectadas, los periodos temporales a los que se refiera el análisis, así como el presupuesto y el calendario de desarrollo.
Cuando Hacienda dé su conformidad a dicho proceso, la AIReF contará con un máximo de doce meses para su elaboración, hasta el 30 de julio de 2022 como tope, y el Ministerio dará a conocer sus principales conclusiones cuando finalice.
Hasta ahora, el organismo ha desarrollado otras dos fases de revisión de gastos. La primera abarcó aspectos relacionados con el área de subvenciones, incluyendo el programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial (RCI), a Correos, el Programa de Promoción del Talento y su empleabilidad en I+D+i, las becas de educación universitaria, las políticas activas de empleo, los medicamentos dispensados a través de receta médica, y la estrategia y procedimientos en la concesión de subvenciones.
En la segunda fase analizó la eficacia y la eficiencia de cuatro áreas de estudio: los beneficios fiscales; el gasto en farmacia hospitalaria y bienes de equipo; los incentivos a la contratación; y las infraestructuras de transporte. Sus recomendaciones han servido de base para la elaboración de múltiples actuaciones del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según Hacienda.
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