MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El partido Iustitia Europa ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y al comisario de Justicia, Didier Reynders, en la que denuncia la proposición de ley del PSOE en relación a las acusaciones populares, por considerarla una "reforma constitucional encubierta" y por sus posibles "consecuencias devastadoras para la transparencia y la lucha contra la corrupción".
En la misiva, Iustitia Europa alerta de "la situación de la democracia en España y de la independencia del Poder Judicial, que desde el inicio del 2024, está siendo atacado de manera intolerable por parte del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez", ante "los casos judiciales que acechan, ni más ni menos, que a su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez".
El partido argumenta que la reforma que propone el PSOE busca "limitar" una figura jurídica que "ha servido para luchar contra la corrupción en España desde 1978", por lo que hechos relacionados con "la corrupción, delitos como el de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsificación" y "blanqueo de capitales, quedaran impunes".
La carta añade que las medidas que propone el PSOE "podrían contravenir principios fundamentales del derecho de la Unión Europea". En lo que respecta a la legislación española, Iustitia Europa asegura que "esta proposición de ley es en realidad, una reforma constitucional encubierta, ya que vaciará de contenido el artículo 125 de la Constitución, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades convirtiendo a España en un Estado corrupto". En ese sentido, la organización considera que "esta reforma podría tener consecuencias devastadoras para la transparencia y la lucha contra la corrupción en España vulnerando el principio de igualdad".
Iustitia Europa señala que la reforma "podría generar un grave precedente al restringir la participación activa de la sociedad civil en la administración de justicia", en un momento en el que las "organizaciones han jugado un papel clave en la investigación y denuncia de casos de corrupción y abusos de poder en España. Por todo ello, la entidad solicita a la "Comisión Europea que examine cuidadosamente esta propuesta legislativa y evalúe su compatibilidad con los valores y principios fundamentales de la Unión Europea".
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