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Una vez más hemos estado a punto de cometer una de estas pifias que pueden acabar siendo dramáticas. El PP no puede andar continuamente circulando por el filo de la navaja sin que, en cualquier ocasión, acabe cometiendo un error de estos que pueden significar para España y los españoles, caer definitivamente en manos de estos que, en la actualidad no dejan de hacer méritos para conseguir el poder absoluto sobre la nación española.
Los ansiados billetes en forma de fondos europeos ya llegan. Aunque gran parte podría quedarse por el camino. Sus utópicos requisitos pensados para grandes corporaciones dificultan la participación de autónomos y pymes. Solo estas suponen el 99,8% de las empresas en España, representan la mitad del PIB y cerca del 70% del empleo empresarial total. Una gestión eficaz será determinante para el futuro español.
El Consejo General del Poder Judicial aprobó el 23 de noviembre del año 2005 su reglamento de honores, tratamientos y protocolo a aplicar en los actos judiciales solemnes. El motivo de esta regulación es «colmar lo que, hasta este momento, ha constituido una importante laguna jurídica, la organización del protocolo en los actos del propio Consejo y de los órganos de gobierno del Poder Judicial.
Observamos que, precisamente en vísperas de la Diada del 11 de septiembre, como si esta festividad tuviera el poder de conceder la inmunidad en contra del Covid 19, deciden suprimir todas las limitaciones que existían en la autonomía para evitar la propagación de esta cepa Delta, tan contagiosa, de la epidemia que tantos dolores de cabeza está proporcionado a la sanidad autonómica.
Todos estamos de acuerdo en que hay que despolitizar las instituciones. Europa debe conocer en profundidad las tropelías que pretende el ‘bichavito’ represor. Ni un paso atrás ante las dictaduras encubiertas. Ningún país desarrollado puede consentir la brutal ofensiva que pretende el comunismo. Desde mi punto de vista es urgente que el Consejo General del Poder Judicial recupere su derecho de elección para todos sus miembros, sin excepción.
En la audiencia del papa Francisco concedida al presidente Sánchez, su mujer precedió a la embajadora de España ante la Santa Sede. O en la ceremonia de sanción y promulgación de la ley orgánica sobre la abdicación de Juan Carlos I, pudimos ver como la cónyuge del presidente Rajoy se sentó junto a su marido situándose delante de los presidentes del Congreso de Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.
Pero también, desde el propio CGPJ, se juzga que la medida que intenta imponer el señor Sánchez y su ejecutivo socio-comunista, se ha considerado que es contraria a las recomendaciones que nos llegan desde Europa sobre la politización del órgano.
A ver por dónde salen ahora la ‘doctora’, Adriana Lastra, y el vocero mayor de Podemos, Pablo Echenique. "Esta norma está pensada para permitir el correcto funcionamiento de las instituciones", ha asegurado Lastra. Leen bien, señores, la ‘doctora’ sólo ve un correcto funcionamiento si se permite la triquiñuela que pretenden.
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