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Parece de todo sentido, incluso el común, que frente a un estancamiento económico, explicado por la caída de la inversión privada y las expectativas empresariales, los empleos se vean afectados como lo hemos observado durante todo el año, con cifras de desocupación altísimas, aunque desde la centralidad del Gobierno nos continúen mintiendo.
A principios de año, el Gobierno anunciaba la aprobación del aumento del salario mínimo interprofesional en un 5% hasta llegar a los 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Se trata de una medida con un impacto directo en la cuenta de resultados de empresas españolas y, por ello, ha contado y cuenta tanto con detractores como partidarios, entre los que se encuentra la pyme, que conforma casi la totalidad del tejido productivo de España.
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) acude a la firma del acuerdo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional entre sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde distintos sectores se ha estado afirmando que la subida del SMI podía traer consecuencias negativas sobre el empleo, por las posibles pérdidas cuantiosas de contrataciones, hecho que queda desmentido con los actuales datos de empleabilidad.
A pesar de una subida acumulada del 54% del Salario Mínimo Interprofesional desde el año 2018, tras la llegada del socialista Pedro Sánchez a La Moncloa, España continua lejos de las grandes economías de la Unión Europea en este apartado, siendo superado por Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y Francia, según los últimos datos registrados por la Oficina Europea de Estadística, Eurostat.
Esta pasada semana nos hemos encontrado con la subida del salario mínimo interprofesional en un 5%. Es decir, que el que tenga un trabajo estable en estos días, cobrará como mínimo catorce pagas mensuales de 1.134 euros. Hemos podido comprobar como, llenos “de orgullo y de satisfacción”, los artífices de esta subida manifiestan sus logros en el aspecto de la mejora en los salarios.
De las distintas definiciones para referirse a los salarios, en este Monitor se utiliza la de salario ordinario bruto. Esta definición incluye los pagos de regularidad mensual antes de computarse las deducciones y retenciones correspondientes. Quedan excluidos, por tanto, todos los pagos no regulares (pagas extraordinarias, horas extras, atrasos, indemnizaciones, etc.). Se utilizan datos medios anuales. Todos los datos se mencionarán en euros por mes de aquí en adelante.
Según un estudio del Adecco Group Institute, en España, el salario mínimo se situó en 2022 en 1.167 euros, habiendo subido un 65% desde 2016. Es un nivel similar al de Estados Unidos, pese a que el PIB per cápita del país norteamericano multiplica por 2,5 al español. Por otra parte, el colectivo de parados registrados tuvo una reducción significativa, por debajo de los 3 millones, lo que no sucedía desde 2008.
El Consejo de Ministros ha hecho oficial hoy el incremento en un 8% del Salario Mínimo Interprofesional, que ascenderá desde los 1.000 euros mensuales distribuidos en 14 pagas anuales a los 1.080€ mensuales en el mismo periodo. Un cambio que puede traer dudas en cuanto a su aplicación y al efecto que puede causar tanto en las empresas como en los trabajadores.
En realidad, la aprobación por parte del Gobierno español del salario mínimo de 1.000 euros es una gran noticia para alrededor de dos millones de trabajadores en España. Es lo que reclamaban los sindicatos en representación de los distintos sectores productivos. Aunque el sector tecnológico esté en auge esto no significa que en las demás actividades productivas no se pueda subir el sueldo mínimo, como ya ha establecido el Gobierno de la nación con muy buen criterio.
Pero las de los que militaron en partidos durante la Dictadura, o los más jóvenes que militan en esos mismos partidos en la actualidad, no las comprendo, gracias a un camarada de lucha (al que no conozco, Vicente S. S.), que me contestó por Facebook, y le ha ocurrido lo mismo según me ha dado a entender, sé que no soy el único, hay muchos más en la misma situación de malestar, por ello comparto su opinión, en esta síntesis.
Desde UGT FICA rechazamos el acuerdo firmado por ambas organizaciones que, además de discriminar a los temporeros y temporeras de Sevilla en relación a los del resto de provincias españolas, tiene difícil justificación desde el punto de vista de la defensa de los intereses de los trabajadores y, más concretamente, el de los colectivos que perciben salarios más bajos y sufren la precariedad de unos salarios indignos del siglo XXI.
Este reconocimiento, sin embargo, no significa que se pueda considerar que Calviño esté defendiendo todos los intereses que dice defender mayoría del gobierno. No hay declaración suya en la que no se esfuerce en proteger los intereses de la gran patronal y de la banca así que, con independencia de que tenga o no el carné del PSOE (lo que yo desconozco) se puede decir de forma más que metafórica que forma parte de otro partido, ese de las grandes empresas, el IBEX y los banqueros que no se presenta nunca a las elecciones pero que actúa como si las hubiera ganado todas.
-Buenas. Quiero bajar el salario mínimo.
-¿Está usted seguro?
Ocho de cada diez españoles son infelices en el trabajo. A esta desoladora conclusión ha llegado el último informe realizado por un comparador de seguros que, con motivo del Día Mundial de la Felicidad ha analizado cómo de satisfechos nos sentimos los ciudadanos de nuestro país en diferentes facetas de nuestra vida. Según los resultados, todavía queda mucho por hacer. Pero, ¿por qué?
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