​La caja de Pandora se ha abierto sobre España

“Una mentira puede dar media vuelta al mundo antes de que la verdad hay empezado siquiera a calzarse las botas” (Ley de Murphy). Una de las cualidades innegables que se les pueden atribuir a las izquierdas políticas, extensible a estos “patrioteros” separatistas de la comunidad catalana, es la rapidez de reacción ante cualquier incidencia, fuere importante o no tanto, de la que se puedan valer para apoyar su causa. Antes de que la maquinaria, siempre enmohecida, de los partidos del centro o la derecha, haya tenido tiempo de empezar a ponerse en movimiento, la agilidad de las izquierdas, su rápido sistema de difundir las noticias, los innumerables medios de comunicación que están a su servicio y la enorme capacidad de envolver cada noticia con el revestimiento político que más favorable les resulta, siempre les proporciona una ventaja notable sobre sus rivales conservadores.

Mientras en España todos estábamos pendientes del espectáculo, entre denigrante y golfante, de las negociaciones entre los socialistas de Pedro Sánchez y los señores de ERC esperando, con el corazón pendiente de un hilo, que todo acabara en agua de borrajas para librarnos de un gobierno, a todas luces incapaz de gobernar como es debido la nación y esperar que, una aberración, como es la de tener que volver de nuevo a las urnas, produjera el milagro de evitar tener que bebernos el acíbar y someternos a la humillación de volver a aquellos tiempos ingratos y tumultuosos de la II República, que precedieron, en los años 30 del siglo pasado, al levantamiento del 18 de Julio de 1936.; no ha sorprendido la noticia de que, desde Europa, la Europa que, en teoría, debería velar con más cuidado por evitar brotes de xenofobismo, revueltas intestinas dentro de las naciones adscritas a la unión, intentos de acabar con la democracia, actuaciones de tipo subversivo promovidas por el comunismo o el anarquismo con intención de minar las bases de la UE.

No obstante, fuere por el hecho de que en muchas de las naciones que forman la comunidad, pese a los siglos transcurridos, no han sido capaces de olvidar aquellos tiempos de los Austrias, de procedencia Alemana, pero reinantes en España; cuando ocupaban con sus ejércitos, entre ellos los famosos Tercios de Flandes, prácticamente toda Europa. Era una época del esplendor de los reinados de Carlos I y Felipe II. Tanto Holanda como Bélgica no parecen haber conseguido superar aquellas épocas en las que estuvieron dominados por los ejércitos, ciertamente duros y correosos, de los reyes españoles. Sin duda, más recientemente, los años en los que el general Franco estuvo como Jefe del Estado, después de ganar la guerra civil, tampoco se puede decir que contribuyeran en demasía a granjearse las simpatías de muchas de las naciones que, luego, estuvieron comprometidas en la segunda Guerra Mundial y que no le perdonaron a España que no se hubieran aliado con ellas para luchar contra Hitler y Mussolini.

El sentimiento, especialmente en la Europa del Norte, de desconfianza hacia la reciente democracia española ha pesado mucho a la hora de que se aceptase nuestro ingreso en la UE, en la OTAN. Parece que hay países que todavía dudan de que en España tengamos una verdadera democracia y los hay que siguen pensando que son los franquistas los que siguen al frente del gobierno español.

El ejemplo, lo tenemos en estos absurdos retrasos que naciones como Bélgica y Alemania, vienen provocando en la entrega de los sediciosos catalanes refugiados en sus territorios, reclamados por España por el procedimiento de la “orden europea de detención ” (Euroorden), un sistema que se aprobó para evitar los retrasos producidos por los habituales sistemas de extradición entre naciones, siempre farragosos, lentos, sujetos a una serie de decisiones de la justicia local y muy poco práctico cuando se trataba de la reclamación de presuntos delincuentes, perseguidos por la justicia española. Sin duda, la intención de poner en funcionamiento el procedimiento de la “euro orden” tenía por finalidad que, tratándose de una unión de países que se reconocían mutuamente cono naciones democráticas y, como tales, gozando de las garantías de que su sistema judicial gozara de la plena confianza de las demás; la utilización de la “euro orden” permitía reducir al mínimo los trámites si los delitos imputados a los reclamados eran contemplados como tales en la nación que debía conceder la entrega de la persona del presunto delincuente. Pese a ello, en la práctica, el sistema no ha funcionado, especialmente, porque a la hora de aplicarlo muchos de los jueces, que debían entender de la entrega solicitada, decidían entrar en consideraciones que no les correspondían; peticiones de informes adicionales a los tribunales emisores de la orden; dudas sobre si los delitos por los que se solicitaba la correspondiente entrega coincidían o no con los propios de la nación que debía hacer la entregaba; de modo que, en los casos en los que los tribunales españoles reclamaron la devolución de dos de los presuntos delincuentes acusados de sedición, los tribunales extranjeros han denegado la petición.

Ahora, para acabar de complicar la situación en España y fruto de que, al parecer, el hecho de tener una Justicia europea, que está por encima de la de cada nación, en lugar de simplificar la aplicación de las leyes y agilizar la detención de los delincuentes, da la sensación de que prefieren entrar en jardines que desconocen, fiarse de una serie de leguleyos de gran fama, precisamente por ser expertos en la defensa de estas personas acusadas de delitos; tomar acuerdos sin que tengan una información adecuada del desprestigio que sus decisiones puede causar en los órganos de gobierno, en los tribunales nacionales o en el legislativo cuando, precisamente, han sido ellos los que, ante una situación en la que la unidad de una nación ha sido puesta en duda y ha existido el peligro de una ruptura traumática y con el propósito de intentar evitarlo, se han visto obligados a aplicar nuestra Constitución para frenar lo que, si se hubiera permitido que continuara, hubiera podido dar lugar a actuaciones probablemente mucho más severas y con un número de víctimas elevado.

Parece inadecuado e inoportuno que ahora vengan ellos, los tribunales europeos y, con sus decisiones, en lugar de apaciguar la situación, fortalecer el Estado de derecho; reforzar las instituciones y evitar que Europa se pudiera ver comprometida en un grave contencioso con respecto a una parte de un país que pretende separarse del resto que, seguramente, desde dichos tribunales no serían capaces ni podrían solucionarlo. No queremos pensar en lo que ocurriría si, como consecuencia de la inyección de optimismo que la decisión del Tribunal Europeo ha provocado entre el separatismo catalán y vasco, los más extremistas decidieran aumentar la presión sobre el Gobierno y utilizaran medios más extremos para continuar reclamando la independencia. Todo tiene un tope y nuestra Constitución, plenamente legal y aprobada por más del 80% de los españoles, tiene remedios extremos para mantener la unidad de la nación que, en un momento determinado, podrían usarse, con la aprobación de tribunales europeos o sin ella, para garantizar que nuestra nación no iba a ser pasto de terroristas o independentistas que quisieran ir en contra de su propia unidad.

Y una aclaración para aquellos que no han dudado en dar una información manipulada respeto a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Europeo. Habla exclusivamente de la presunta impunidad del señor Oriol Junqueras, como consecuencia de haber sido nombrado para un cargo en parlamento de la UE, desde el momento en el que fue designado para el cargo. Nada más ni nada menos. Se podrá hablar sobre si se le debe dejar en libertad, si se le deberá permitir seguir en su cargo (no olvidemos que está inhabilitado) o si su estancia en el parlamento Europeo supone la interrupción de la condena que le fue fijada por el TS. Pero para nada supone que la condena que se les aplicó no fuera la adecuada, que la pena no fuera la justa ni de que todo el impecable proceso que tuvo lugar, bajo la dirección del juez Marchena, no estuviera avalado por todos los elementos de garantía de que disfruta cualquier delincuente en nuestro país. La inmunidad sólo supone que durante los años que esté ocupando su cargo en el Parlamento de la UE gozará del derecho a no poder ser imputado de ningún delito, lo que no supone que, si persistiera en su actitud de rebeldía respecto al España y el resto de españoles o se dedicara a emprender nuevos intentos de alterar el orden o de seguir promoviendo, mediante actos ilegales, el conseguir la independencia de Cataluña; el propio TS podría formular el correspondiente suplicatoria ante el Parlamento Europeo para que pudiera procederse a iniciar el juicio correspondiente para juzgarle y en su caso, condenado, pese a su condición de aforado.

O así es como, señores, desde la óptica de un simple ciudadano de a pie, no podemos menos, como es habitual que se diga, de acatar la sentencia del tribunal europeo, pero es evidente que discrepamos de ella, no porque pensemos que no ha sido dictada conforme a derecho, pero sí por aquello de que, en ocasiones, la práctica nos aconseja seguir aquel aforismo romano que, bajo la expresión “summum ius summa injuria”, quiere expresar que, en algunas ocasiones, la aplicación estricta de la norma tiene efectos no deseados que, en lugar de solucionar el problema lo empeoran y lo convierten en insoluble. Y, ante esta posibilidad, más vale tomar precauciones.