Con la llegada de septiembre comienza el nuevo curso político. Pujol, la consulta separatista, las elecciones municipales y regionales y, la reforma electoral son, entre otros, los temas candentes que nos tendrán entretenidos los próximos meses. La propuesta planteada por las filas peperas para la elección de los alcaldes no podía pasar de puntillas para los ojos de la crítica. La medida está fundamentada, en palabras de la derecha, como instrumento necesario para impedir la proliferación de la corrupción. Corrupción, valga la redundancia, sobrevenida por los pactos postelectorales entre grupos políticos de distinto signo. Esta razón ha sido cuestionada por El País, tras publicar ayer, el sondeo realizado por Metroscopia. Según esta empresa de sondeos "de los 98 mayores Ayuntamientos de de España, sólo 13 están dirigidos por Gobiernos de coalición y, entre estos, solo uno está afectado por un caso corrupción", luego – estimados lectores y lectoras – el argumento esgrimido por Rajoy para cambiar las reglas de juego está más cerca de intereses partidistas que de higiene democrática.
Si observamos la secuencia de los hechos, la medida de don Mariano – la reforma electoral del régimen local – ha sido propuesta justo después de las elecciones europeas; tras conocerse los resultados electorales de las mismas y, tras digerir que un millón dos cientos mil votantes se inclinaron por nuevas fuerzas políticas afines a la izquierda, poniendo en jaque el bipartidismo acostumbrado de los últimos treinta años. La victoria de Podemos, o dicho en otros términos, la extrapolación del escenario europeo a los pueblos españoles supondría, para desgracia de algunos, que los incipientes de la parrilla se hicieran con las llaves de sus castillos. El miedo a la sangría en tan probable contienda ha puesto nerviosos a las filas de la derecha. Tanto es así que bajo la rúbrica "regeneración democrática" el Pepé quiere cambiar las reglas de juego para que en las próximas elecciones de mayo gane la lista más votada. Gane la lista más votada, o dicho más claro, gobiernen las mayorías simples sin oportunidad de pactos postelectorales, hasta ahora democráticos. Así las cosas, la nueva "bofetada" que se cocina en La Moncloa nos sitúa a las puertas de los modelos "a una vuelta" americanos. Modelos basados en distritos uninominales y sistemas electorales bipartidistas por las consecuencias de la Ley Duverger.
Desde la crítica debemos reflexionar sobre los pros y contras del "debate interesado", abierto por Rajoy y los suyos, en la opinión pública española. Es cierto, ciertísimo, que en nuestra historia democrática se han producido pactos antinatura – PP, PSOE – con consecuencias negativas para la convivencia ciudadana. Es verdad, y sería de ingenuos negar la mayor, que con el sistema electoral actual muchos ganadores han visto como otros – los perdedores – se han salido con la suya, tras repartirse el pastel del poder con cuchillos de segunda. "Sin pacto mediante – en palabras de Jacinto, un "facha" de los pies a la cabeza – otro gallo cantaría en los corrales andaluces". Son, precisamente, estas palabras extraídas de los bares madrileños, las que invitan a la izquierda a poner tierra por medio para que esta "oportuna medida" no llegue a nuestros pueblos. No olvidemos que el partido que nos gobierna ostenta la mayoría absoluta y que si quiere, o dicho en términos coloquiales, "si le da la gana" puede tirar por la borda todo el sueño de Podemos.
La elección de la lista más votada supondría una grave herida para la democracia representativa. En primer lugar, la composición de los gobiernos impediría a las fuerzas menos votadas la oportunidad de diálogos y acuerdos para formar gobiernos representativos acordes con la diversidad electoral. Este fenómeno traería consigo una centralización del voto en partidos mayoritarios – Pepé y Pesoe – ante el sesgo colectivo de que el voto a las minorías sea un acto sin sentido. La medida supondría un aumento del bipartidismo en perjuicio del pluralismo manifiesto en nuestra Constitución. La medida, no hace falta ser doctor en políticas para darse cuenta de la jugada, beneficiaría, sin duda alguna, al Pepé y perjudicaría a los débiles de la parrilla. Partidos, les decía, que sin oportunidades de pactos "a posteriori" lo tendrían crudo para conseguir alcaldías. Lo más justo para evitar "pactos antinatura" y "listas más votadas" sería un sistema electoral "a dos vueltas", tal y como está instaurado en Francia. Un sistema electoral semipresidencialista aplicado al régimen local. Con este sistema, todas las fuerzas políticas tendrían cabida en la primera vuelta. Solamente en la segunda vuelta ganaría la lista que obtuviese la mayoría absoluta. El sistema "a dos vueltas" mantendría inmune el pluralismo incipiente y supondría un fortalecimiento de las voces ciudadanas. Ahora bien, ni el sistema de "lista más votada", propuesto por Rajoy, ni el sistema "a dos vueltas", propuesto por la Crítica, estaría a salvo de las corruptelas de despacho.
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