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El Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo a raíz de la expansión del coronavirus provocó un significativo parón en la Administración de Justicia. Este martes, sin embargo, el Gobierno ha anunciado la reanudación de los plazos procesales y administrativos el próximo 4 de junio.
Para proteger a las personas del riesgo de contagio, la Administración de Justicia suspendió los términos y plazos procesales, a excepción de aquellos casos urgentes que necesitaban ver garantizados los derechos contemplados en el artículo 24 de la Constitución. Esta medida redujo notablemente la actividad judicial en todo el país.
Ante la evolución positiva de la pandemia y con el fin de agilizar y evitar el colapso total en los juzgados, el Gobierno ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. En él se establecen medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Desde Reclama Por Mí , el despacho de abogados especialista en reclamaciones anti usura de los intereses aplicados en las tarjetas revolving y microcréditos informan sobre las 3 medidas principales publicadas en el Real Decreto que creen que tendrán un efecto beneficioso para los miles de consumidores que se han visto afectados por este tipo de financiación, y que por lo contrario supondrá un nuevo varapalo para las entidades de crédito que protagonizan los litigios ya iniciados como Wizink, Bankinter, Caixabank o Vivus entre otros.
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