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¿Por qué tiene tanta prisa Isabel Celaá, actual ministra de Educación y Formación Profesional, en sacar adelante la futura LOMLOE? La ciudadanía ve en ese nerviosismo, además de exceso de prisa, una atropellada actuación, un claro sentimiento de culpabilidad o tal vez traición, incluso desconfianza en la mayoría senatorial o en el Gobierno ‘Frankenstein’. No es ningún secreto que algunos socios del Gobierno socialcomunista se han mostrado contrariados con el furibundo ataque a la concertada y, haciendo uso del término taurino, hasta el final del rabo todo es toro.
Parece como si se fuera a acabar el mundo el día 23 de diciembre, día en que se pretende votar la nueva ley de educación y los PGE. Isabel Celaá ha puesto el carro por delante de los bueyes sin importarle que España tiene otros problemas más importantes, empezando por las restricciones ciudadanas, siguiendo por el daño que la pandemia sigue haciendo y terminando por el caos económico en que el Gobierno ha sumido a autónomos y pymes o el preocupante crecimiento del paro hasta niveles que no se recordaban. Y lo que te rondaré, morena… Como alguien decía hace unos días: “esa ley recoge el método ‘de palo y zanahoria’; parece sacada de los manuales comunistas de dictaduras enrevesadas y envenenadas”.
Para Isabel es un hecho que el mes de febrero supone fiarlo excesivamente largo. Está obsesionada con sacarla adelante en diciembre, concretamente en la víspera de Nochebuena. Es como si pensara que los fuertes encontronazos dentro del Gobierno y los bandazos de socialistas y comunistas pudieran cercenar sus aspiraciones y quedarse sin la ley que lleve su nombre. De todos es sabido que ha sido incapaz de consensuarla porque ni siquiera ha contado con la comunidad educativa, de ahí que esté llena de aspectos totalitarios impropios de una ley en un país democrático.
Desde mi punto de vista, no hay que preocuparse por dejar a la ministra y a su batallón de asesores que hagan la ley mientras no hagan los reglamentos. Recuerden aquella chulería del Conde de Romanones cuando todo un ejército de “cesantes” tuvo que abandonar el ministerio y él, creyéndose imprescindible, no dudó en chulear al adversario y le espetó: “Haga usted las leyes que ya haré yo los reglamentos”. De poco le sirvió tal chulería al conde porque también cayó y acabó en su casa escribiendo sus memorias y dirigiendo sus negocios.
A Isabel Celaá la veremos abandonar el ministerio sin hacer aspavientos, al igual que antes otros se vieron obligados a recoger sus petates. Pregúntenselo a José María Maravall, Javier Solana, Pérez Rubalcaba, Suárez Pertierra, Saavedra, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy, Pilar del Castillo, Cabrera, el actual Gabilondo de la Asamblea madrileña, Wert y Méndez de Vigo que precedieron a la actual ministra, Isabel Celaá. Y vendrá otro ministro que querrá hacer su ley y, en vez de eliminar el español como lengua vehicular, restringir la elección de colegio a los padres, cambiar la estructura de la educación especial hacia un modelo gastado o ahogar a la concertada, pondrán sobre el tapete otras ideas más nobles y notables o más modernas.
Serán los reglamentos, reales decretos, resoluciones, órdenes ministeriales, instrucciones y normativa de más bajo rango que la ley, las que pongan el punto preciso y marquen la orientación concreta. No duden que el Conde de Romanones estaba en lo cierto, pero le sobraba chulería, casi tanta como al actual presidente del Gobierno. Y esa será su perdición.
Pedro Sánchez sabe que el rodillo totalitario sirve de muy poco, excepto para hacer daño al adversario y a la ciudadanía. En el consenso está el secreto de una ley y las posibilidades de permanencia de la misma. Cada día es mayor la cantidad de padres, y ciudadanos en general, que se oponen a que Sánchez y su banda acaben con el modelo educativo que los padres eligen para sus hijos. La calle es lo que más teme el Gobierno porque a la calle no hay quien la calle. ¿Recuerdan al ‘Cojo’ Manteca, destrozando el mobiliario madrileño, en plena discusión de la LOGSE?
A nueva ley educativa, nuevas algaradas y propuestas de huelga. Pero con esta ley de la ministra Celaá y su tropa de anónimos, la sensatez del profesorado se ha puesto de manifiesto, una vez más; hay otras prioridades como resolver la crisis sanitaria o adaptarse a los nuevos modelos de enseñanza a distancia y/o semipresencial, así como afianzar las bases y la generalización de las herramientas digitales. El profesorado no puede ‘arrastrar’ su profesionalidad por el barro porque, al final, las reformas las aplica el profesorado y es éste quien elige contenidos para impartir, capacidades a desarrollar y habilidades que afianzar. Ya lo ven, volvemos a lo de dejar al ministerio que haga las leyes, mientras otros desarrollan los reglamentos. Confieso que, como docente, jamás me afectó una reforma educativa, pues sabía que sería dueño de mis silencios y señor de mi obra, No se trata de colar enmiendas en el Senado. Lo que no se explica no sirve ni se afianza. Tampoco poniendo palos en las ruedas se sanea el futuro de los escolares. La concertada va a cambiar, pero lo hará a peor por la restricción en cuanto a la elección y por la “cuña” de meter a la administración educativa por medio. Desaparecer, no desaparecerá; no obstante, se pretende sentar las bases para un pleno control muy propio de sociedades dictatoriales que pueden llevar al ahogamiento de esa oferta educativa.. Y ahí es donde hay que dar la batalla hasta la extenuación.
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