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Voy a comenzar este artículo por lo que había pensado que fuese mi conclusión final:
Un informe de la Cámara Internacional de Comercio (aquí) estima que si los países continúan aplicando un enfoque descoordinado para la distribución de vacunas y los gobiernos no garantizan el acceso de las economías en desarrollo a las vacunas COVID-19, el mundo corre el riesgo de pérdidas del PIB mundial solo en 2021 de hasta 9,2 billones de dólares.
Dicho informe calcula que la financiación que faltaría poner para proporcionar una vacuna a toda la población del mundo que la necesita sería de unos 27.200 millones de dólares. Es decir, 338 veces menos del daño que produciría no hacerlo.
Por cada uno de los 27.200 millones de dólares necesarios, las economías podrían recibir un retorno de 166 dólares.
Esos 27.200 millones de dólares representan el 3% de los 750.000 millones de euros que la Unión Europea tiene previsto dedicar a combatir la pandemia y sus efectos económicos.
A la vista de estos datos, que la Comisión Europea se empeñe en mantener la estrategia de mercado que está siguiendo, que el Parlamento Europeo no se levante y reclame sensatez y que los gobiernos sigan poniendo en peligro a su población y arruinando a sus economías a mí no parece que sea insensato sino criminal. Y ahora, explicaré por qué me lo parece.
El proceso de vacunación está siendo un desastre en la Unión Europea y la Comisión se empeña ahora en hacernos creer que la culpa es de un laboratorio que incumple los contratos.
No voy a defender aquí a AstraZéneca, cuya historia está plagada de fraudes, incumplimientos y malas prácticas asociadas a su posición cuasi monopolista en los mercados (aquí información detallada). Solo quiero señalar que, a mi juicio, los responsables del desastre en el que se hallan los países europeos no son los laboratorios sino las instituciones europeas que han planteado mal, desde el principio, la lucha contra una pandemia que va a terminar provocando, como se sabía que iba a ocurrir, la crisis económica más grave de la historia contemporánea.
La Unión Europea en su conjunto no ha sabido o no ha querido asumir que la pandemia de la Covid-19 es un problema mundial y que como tal debería haberse enfrentado. Se ha sumado al “sálvese quien pueda” de los países más ricos, en lugar de entender que una emergencia planetaria como la que vivimos requiere medidas de cooperación global y que solo con eficacia, cooperación, solidaridad y equidad se puede combatir realmente a un virus que no entiende de fronteras.
La Unión Europea ha actuado desde el inicio de la pandemia anteponiendo los intereses financieros a los sanitarios y permitiendo que la respuesta viniera de empresas que, legítimamente, se deben a sus accionistas y al cumplimiento de sus objetivos comerciales.
Tratando equivocadamente de ahorrar recursos, la Comisión Europea se hizo cargo del aprovisionamiento de las vacunas y ahí ha cometido también errores garrafales que al final provocarán despilfarro, retraso en la respuesta sanitaria y mayores costes en vidas y en dinero a todas las economías europeas. Aunque, en realidad, ni siquiera se respetó ese principio y se dejó que grandes países, como Alemania, mantuvieran estrategias particulares de compra. No se supo gestionar la adopción de acuerdos con celeridad y eficacia y su burocracia retrasó la aprobación y la compra de las vacunas. Sin llegar a los 450 millones de habitantes, los propios responsables de la Comisión afirman haber confirmado la compra de unas 2.300 millones de dosis y, sin embargo, ahora no hay disponibles para seguir con el proceso, a diferencia de lo que ocurre en otros países.
A la Unión Europea, como a otros pocos países ricos, se le ha llenado el ojo antes que la tripa y ahora resulta que solo diez de ellos disponen del 75% de la producción de las vacunas. Un completo sinsentido que dará lugar a que la pandemia y sus tremendos efectos económicos se sigan extendiendo.
La Unión Europea ha procedido con oscurantismo a la hora de contratar. Salvo en un solo caso, no se han hecho públicos los contratos a pesar de suscribirlos con dinero público; y solo por error o filtraciones se saben los precios de las vacunas o que se ha renunciado a exigir responsabilidad a las empresas. Una auténtica barbaridad cuando, al mismo tiempo, se ha permitido que el proceso de obtención de las vacunas haya sido irregular y en muchas ocasiones dictado por los intereses financieros de los laboratorios.
Se ha tomado el pelo a la ciudadanía, como hizo la comisaria de Salud en el Parlamento Europeo cuando afirmó que “la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado» (aquí).
Una mentira vergonzosa porque el mercado en el que se producen y distribuyen las vacunas contra la Covid-19 es justamente lo contrario, muy poco competitivo. Es, en realidad, oligopolista e incluso monopolista en algunos casos o desde ciertos puntos de vista. Por tanto, lo inteligente, lo razonable, lo más justo, lo incluso menos costoso y, por supuesto, lo más seguro para la vida de las personas, hubiera sido corregir a ese mercado no competitivo, domeñarlo, someter a las fuerzas que no actúan con la auténtica competencia que hace eficientes a los mercados, y no aceptar las condiciones ineficientes y peligrosas para la salud que imponen quienes se están saltando a la torera las leyes que se supone que deben guiar el funcionamiento de los mercados para que estos funcionen adecuadamente.
Las autoridades de la Unión Europea ha dado por bueno que empresas como Pfizer vayan a tener unos márgenes de beneficio de entre el 60% y el 80% con su vacuna (aquí) y, en general, que todas ellas hagan el mayor negocio de su historia gracias a la investigación básica que han realizado instituciones públicas (aquí) y con el dinero de los gobiernos que ahora no les reclaman el valor generado por sus inversiones (aquí). Sencillamente hablando, es una falsedad que las vacunas contra la Covid-19 solo hayan sido posibles gracias al esfuerzo inversor de los laboratorios farmacéuticos y al monopolio que les conceden las patentes. Como expliqué hace unos meses (La Covid-19 y la propiedad de las vacunas y medicamentos) el régimen de propiedad y las condiciones de los mercados actuales no facilita la innovación, ni mejora la cobertura de la salud en el mundo sino que las empeora, entre otras razones, porque las empresas dedican más recursos a obtener rentabilidad financiera que a innovar: en 2017, 2018 y 2019 dedicaron 28.600 millones de dólares a recompras de acciones y 10.000 millones a I+D (aquí).
Las autoridades de la Unión Europea han renunciado a considerar la solución de la pandemia, las vacunas, como lo que debería ser, un bien público al que debieran acceder de modo gratuito y equitativo todas las personas del mundo, puesto que la Covid-19 es un mal global. Por el contrario, han permitido que se conviertan en una mercancía más, impidiendo así su uso generalizado, eficiente, menos costoso, y seguro.
La Unión Europea, es decir, la Comisión que tomó decisiones ejecutivas erróneas, el Parlamento que no fue capaz de imponer principios morales y medidas políticas alternativas, y los gobiernos de todos los países que no han sabido coordinarse con eficacia, ni anteponer los intereses generales y el cuidado de la salud a los mercantiles de las grandes empresas, son los responsables de lo que está sucediendo en Europa.
La Unión Europea ha renunciado a actuar como un motor de progreso y ha sucumbido una vez más -cuando la enfermedad y la muerte de millones de personas y una gigantesca crisis económica reclaman más que nunca una política para el bien común- a las lógicas del capitalismo financiarizado, especulativo y monopolista de nuestro tiempo. Es una vergüenza y una ignominia que, en lugar de estar preocupadas por adoptar soluciones inmediatas, eficaces, seguras y justas en Europa y de contribuir a que ocurra lo mismo en el resto del mundo, las autoridades europeas no den tregua y estén más dedicadas a recordar los recortes en bienestar, pensiones, cuidados, educación o salud que deberán hacer los gobiernos cuando todo esto concluya.
La Unión Europea es responsable de lo que está sucediendo con la pandemia en Europa y en concreto del fracaso en la estrategia de vacunación porque renunció a lo que podría haber hecho y que está contemplado y asumido por la Organización Mundial de la Salud, la expropiación de las patentes cuyo monopolio afecta a la Covid-19. Como vienen solicitando cientos de autoridades, premios Nobel, científicos y organizaciones de todo tipo (aquí), para combatir la pandemia se necesitaba la puesta en común de todas las patentes, datos, conocimientos y tecnologías disponibles en el planeta; un plan de producción y distribución global con transparencia y a precios reales; y la garantía de que la vacuna se proporcionaría gratuitamente a todas las personas y dando prioridad a quienes están más expuestas, a las más vulnerables y a los países con menos capacidad para salvar vidas.
La Unión Europea es responsable y ahora no puede culpabilizar a terceros, porque se sabía de sobra que una estrategia de mercado como la que adoptaron sus dirigentes iba a tener las consecuencias que estamos sufriendo.
Hasta uno de los más grandes defensores del mercado, Milton Friedman, reconocía que “por supuesto, la existencia de un mercado libre no elimina la necesidad de un gobierno. Por el contrario, el gobierno es esencial como foro para determinar las reglas del juego y como árbitro para aplicar las reglas que se decidan.” El problema de la Unión Europea es que se empeña en que esas reglas no sean otras que la que desean, precisamente, los oligopolios y monopolios que dominan los mercados, y los convierten en fuentes de ineficiencia, inseguridad, inmoralidad y injusticia que matan a la gente.
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