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Ahora se trata, señores, de emprenderla a machetazos políticos y sablazos ideológicos con el código penal, el último obstáculo serio con el que se van a ver enfrentados estos señores que han decidido tomar a España como banco de pruebas de este comunismo reconstituido que nos está llegando de la América latina y que tiene todos los visos de ser aún peor que el bolchevique que promocionó con evidentes éxitos para los totalitarios, el camarada Josiv Stalin. Por duro que nos pueda parecer nos encontramos con evidencias de que, a nivel mundial, se está poniendo en práctica una gran campaña contra la democracia, un retorno a las viejas doctrinas del comunismo más recalcitrante y, todo ello, a través de grupos perfectamente organizados, debidamente subvencionados y convenientemente manipulados que actúan en cada país aprovechando sus carencias y debilidades políticas, sus rencores endémicos, sus nacionalismos exaltados que siguen latiendo en una parte en una parte de ella que no ha sido capaz de entender que la democracia sigue siendo el único sistema de gobierno mediante el cual se puede un país con orden, justicia social, bienestar y la imprescindible integración con el resto de naciones que forman la comunidad europea.
Es evidente que detrás de las algaradas que se siguen produciendo en nuestra nación, de los vaivenes políticos a los que estamos sometidos y de las contradicciones de este Gobierno títere que estamos padeciendo, supeditado al mandato de un personaje que está convencido de que, en lugar de estar al servicio de los españoles y preocupado por su bienestar económico y su salud física, es el dueño absoluto de sus libertades, el regidor incontestable de sus destinos y el juez inapelable de sus vidas. En consecuencia, lo que tiene en mente nuestro actual presidente, el señor Pedro Sánchez, es imponer un sistema de gobierno filocomunista y absolutista de cariz dictatorial que impida la remota posibilidad de que cualquier tipo de oposición por parte del resto de partidos políticos o de las instituciones pudiera llegar a poner en peligro su continuidad en el poder. En España estamos, desgraciadamente, ante un intento descarado de cambio de nuestro régimen político, que va dirigido directamente contra nuestra Constitución y tiene como objetivos evidentes acabar con el sistema monárquico, la democracia parlamentaria y las libertades ciudadanas.
Seguramente nos vamos a meter en el campo de lo incorrecto políticamente, de aquello de lo que, en los tiempos que corremos, no es oportuno hablar o, digamos, no resulta prudente mencionar en un texto que se va a publicar. Sin embargo uno, desde la atalaya de su avanzada edad, empieza a despreocuparse de aquello que pueda depararle el hablar claro sobre algo que resulta evidente si se tiene una visión panorámica de la evolución que ha tenido nuestro país desde que el l8 de Julio del 1936 cuando, el general Mola y varios de sus compañero de armas, entre ellos el general Franco, decidieron que debía de acabarse con una situación extrema que comportaba la degradación de nuestras nación en manos de una República, la de febrero de 1936, conocida como la del Frente Popular, que daba muestras de no saber controlar a todos aquellos partidos que habían decidido hacer caso omiso de las leyes vigentes, para intentar implantar sus objetivos políticos mediante el chantaje, el asesinato y la opresión.
Sí, ya sabemos que los de esta infausta Ley de la Memoria Histórica, con la que se pretende hurtar a las nuevas generaciones un relato veraz, constatado y refrendado por múltiples documentos, muchos de los cuales parece ser que han desaparecido en este rifirrafe sobre los archivos de Salamanca y las reclamaciones de la Generalitat, a las cuales el Gobierno nunca debería haber accedido; está intentando reescribir lo sucedido en aquellos años de acuerdo con una visión triunfalista, reformada, construida según lo que la propaganda comunista quiso hacer creer a toda Europa y negando aquella parte terrible, escandalosa y genocida de los acontecimientos sangrientos ocurridos en la retaguardia de los republicanos, que costaron la existencia, en muchas ocasiones como consecuencia de inhumanas torturas y vejaciones, de muchos miles de españoles que pagaron el alto precio de su vida, al no compartir las ideas de aquellos que se tomaron, o pretendieron hacerlo, la justicia popular por su mano, sin que los tribunales garantizaran una defensa a las víctimas que les permitiera alegar pruebas o argumentos en su defensa contra las acusaciones, evidentemente partidistas, falsas y vengativas de aquellos que pretendieron cobrarse supuestas humillaciones, confrontaciones o. simplemente, actuar de forma revanchista por el simple hecho de que, aquellos a los que acusaban eran de derechas, católicos o personas ricas. También, en la locura homicida que se produjo en ciudades como Barcelona, los ajustes de cuentas, los robos y saqueos se convirtieron en algo habitual, especialmente durante los primeros meses de la Guerra Civil. En muchos aspectos, afortunadamente no en todos, volvemos a encontrarnos ante una situación equiparable a aquella en que, la amenaza de que España se convirtiera en un nuevo enclave comunista, tuvo lugar en la España del Frente Popular, y, dadas las circunstancias, los políticos que dominaban la situación como Largo Caballero (el Lenin español), Negrín, Indalecio Prieto, Companys, Dolores Ibárruri y otros muchos que sería prolijo enumerar, fueron capaces de crear un ambiente opresivo y de inseguridad ciudadana en el que las personas de orden se veían amenazadas en su cotidianidad hasta el punto de que sólo la necesidad de salir a la calle constituía un acto de valor. Puede que los que han llevado su odio hacia el general Franco a extremos de hacer de su nombre y su figura un monstruo convenientemente adornado por la imaginación popular con toda clase de calumnias, insultos, descalificaciones, vicios y convertido en presunto responsable de asesinatos que han servido para hacer de él el chivo expiatorio en el que el comunismo, siempre experto en su labor de propaganda, ha sabido utilizar con habilidad mentiras y medias verdades para ocultar su evidente y probado protagonismo en actos genocidas, mil veces más numerosos y sangrientos que los que, supuestamente, se ha venido atribuyendo a la postguerra del franquismo. Recuerden las sacas de las cárceles de Madrid; los asesinatos de Paracuellos del Jarama (S. Carrillo) las checas de importación soviética, las Brigadas del Amanecer etc.
Hoy tiene lugar la conmemoración del intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil, señor Antonio Tejero, en un intento de apoderarse del Congreso de Diputados como introducción a una fracasada conspiración militar que, supuestamente, tenía por objeto acabar con el gobierno del señor Suárez que había legalizado el PC del señor Carrillo en España. Toda la prensa, incluso aquella que hubiera estado satisfecha de que triunfara el levantamiento del 23 de febrero de 1981, se hace eco de aquella efeméride con artículos condenatorios, cargando las tintas contra el general Armada, el general Milans del Bosch y otros muchos militares de graduación a los que se los acusó de intentar subvertir el orden en España.
Visto desde la perspectiva de hace 40 años, tomando como referencia aquella España todavía bisoña en cuestiones democráticas, tan cercana al régimen del general Franco, con las heridas de la Guerra civil todavía no cicatrizadas, no hay duda que la jugada de Adolfo Suárez de legalizar el PC con Santiago Carrillo como su líder, no tenía la apariencia de ser la decisión más oportuna, ignoramos lo que pensaría el rey Juan Carlos I pero, dado que no le había importado faltar al juramento que le hizo a Franco de mantener el sistema del régimen, no es extraño que asintiera a un acto que, con el transcurso del tiempo se ha de mostrado que puede ser la causa de la desaparición de la monarquía en España, como parecen apuntar las campañas de UP en contra de la Constitución y la monarquía parlamentaria.
Y nos hacemos la siguiente pregunta ¿teniendo en cuenta la actual situación política en España, el déficit democrático que se evidencia de las cacicada del actual gobierno filo-comunista; el evidente ataque de las izquierdas a las fuerzas del orden; la ineficacia del señor ministro de Interior, señor Fernando Marlasca; la irregularidad de que la fiscal general del Estado sea una señora que salió de ministra para controlar a los fiscales con el fin de que sigan las órdenes que ella va recibiendo del señor Sánchez, el presidente del Gobierno; la nefasta gestión que han hecho en todo lo relacionado con la prevención, la reacción y la lucha contra el Covid19; la grave situación del desempleo con más de 16 millones de parados y otros 750.000 que siguen sin trabajar amparados por ERTES pero que, incomprensiblemente, no son tomados en cuenta para contar la cifra de desempleados, etc. ¿Estamos seguros de que seguiríamos igual o peor si quienes pretendieron darle carpetazo al comunismo que había entrado de nuevo en España por la puerta falsa, por la jugada de Suarez, hubieran conseguido su objetivo?
Nunca lo podremos saber, pero se nos ocurre que el error cometido por Suarez y el Rey de darle al comunismo una importancia que luego, a través de las urnas, se comprobó que no tenía, olvidándose de que el socialismo, refrendado por el congreso de Suresmes y bajo el caudillaje de Felipe Gonzáles, era un elemento distorsionante que iba, a la larga, a través de las vicisitudes de la política y de la incapacidad de las derechas de presentar un frente unido contra la izquierda, a recrear una situación de inestabilidad política, de descontento ciudadano, de promoción del anticapitalismo y de olvido de derechos constitucionales como el de la propiedad privada, la libertad individual, el respeto por las creencias, la libertad de comercio y toda una serie de derechos ciudadanos que, poco a poco, se han ido limitando a través de una actuación torticera y manipuladora, bordeando los límites del mandato constitucional, que están llevando al país a una situación que se podría considerar como insoportable para la gente de orden y que cree que, bajo un sistema parecido al que actualmente tiene Venezuela, el destino de España está condenado a seguir la evolución de aquel régimen comunista de Hispanoamérica.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, aunque pueda parecer la nostalgia de un viejo, tengo que reconocer que es muy posible que un día tengamos añoranza a aquellos tiempos en los que el orden y la tranquilidad eran patrimonio de todos aquellos ciudadanos que preferíamos estar al margen de la política a cambio de un bienestar que era bueno para la mayoría pero que, como siempre ocurre, era detestable para las mismas minorías que siguen protestando cualquiera que sea el régimen político bajo el que viven.
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