​¿Golpe de mano judicial en España?

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectados mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la “unidad indisoluble de España” y su objetivo confeso sería implementar en España una “democracia no liberal” siguiendo la estela de la Hungría de Orbán.

En este contexto, se enmarcaría la reciente campaña emprendida por el PP y Vox (Operación Toga) y que contará con la aquiescencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional para provocar la parálisis legislativa y ejecutiva de la actual mayoría progresista y forzar la convocatoria de nuevas Elecciones Generales con la esperanza de lograr la mayoría absoluta e implementar una democracia no liberal que beberá de la fuentes del centralismo bonapartitsta y del paternalismo de las dictaduras blandas y estará dotado de la triple enzima tardofranquista (mantenimiento de la unidad indisoluble de España, control estricto de la inmigración y retorno al pensamiento único heteropatriarcal).

Pedro Sánchez y la "Operación Toga"

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional) y a pesar de estar en funciones desde el 2018, el PP se niega a renovar la cúpula judicial al seguir ostentando la mayoría en dichos Tribunales.

El Tardofranquismo judicial tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Carlos Lesmes como croupier en la ruleta de adjudicación de cargos y procesos judiciales; a los jueces Marchena, Lamela y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del “clan de los indomables” como sus abnegados peones. Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales intentará paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez.

Así, tras el macrojuicio a los líderes del Procés y su posterior entrada en prisión, asistimos al intento de paralizar la concesión de indultos a los líderes del Procés mediante un informe del llamado “clan de los indomables” de la Fiscalía del Supremo en el que advertía al Gobierno que “la Constitución prohíbe los indultos generales”. Fracasado el intento de paralizar la concesión de dichos indultos llega el turno de la segunda pata del trípode judicial tardofranquista, el Tribunal de Cuentas que reclama a dichos líderes catalanes la friolera de 5,4 millones de Euros por supuestos gastos indebidos en la acción exterior del Govern en el período comprendido entre el 2011 y el 2017.

En el paroxismo de la ofensiva judicial, entra en escena el Tribunal Constitucional devenido en el nuevo muro de contención de la labor legislativa del Parlamento amén de fiscalizador supremo de la gestión del Ejecutivo y cuya última intervención fue declarar inconstitucional la Declaración del Estado de Alarma implementada por el Gobierno Sánchez en Marzo del 2020 con una exigua mayoría de 6 a 5. Dicha sentencia supondría desvirtuar la tradicional separación de Poderes en una democracia formal al usurpar el TC la labor de control del Parlamento a la gestión del Gobierno que quedará en adelante sometida al albur de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.

Dicha ofensiva judicial involucionista buscaría convertir al Estado español en un Estado fallido, enconsertado y sometido a los dictados del Tardofranquismo judicial, por lo que el Gobierno de Sánchez podría valerse de la doctrina del Contrafuero navarro que “faculta al Gobierno para solicitar su reparación ante agravios presuntamente cometidas por los Tribunales de Justicia que afecten a las leyes, ordenanzas y libertades acordados por la sociedad a través de su legítima representación parlamentaria “, pero en el fondo subyace la necesidad imperiosa de la renovación de la caduca cúpula judicial y la condena al ostracismo del lobby judicial tardofranquista.