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Poder Judicial
La separación de poderes es un principio legal y político, que en nuestro país no se cumple, en mi opinión, en algunos aspectos. Sobre todo, en lo que corresponde a la no injerencia del poder ejecutivo en el judicial. Se debe respetar la competencia y profesionalidad de los jueces, algo que no está sucediendo como se puede observar, si se consideran las declaraciones públicas de algunos dirigentes políticos, en relación con determinadas investigaciones judiciales, desde hace un tiempo en España.
El Dr. Antonio Fretes, presidente de la Corte Suprema de Justicia (2022) del Paraguay, y su equipo de estafadores – que sigue operando – en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia en Asunción, representa un gran peligro para las grandes y pequeñas empresas internacionales que aspiran establecer grandes emprendimientos comerciales en el territorio paraguayo.
México se convirtió en el primer país del mundo en el que habrá elección popular para todos sus jueces, una vez que esta semana el Senado adoptara una reforma del poder judicial, impulsada por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador y fuertemente rechazada por la oposición y funcionarios judiciales.
El creciente papel de los tribunales en la vida real y en la sociedad, responde a la complejidad de las situaciones y los conflictos que se producen, en la sociedad líquida en la que vivimos. Este fenómeno se observa en diversas áreas como la salud, la educación, la tecnología, el ámbito laboral y los derechos civiles. Uno de los ejemplos más claros es la judicialización de algunas decisiones médicas, en la etapa final de vida de las personas.
La politización de la justicia es una de las señales más evidentes del deterioro de las instituciones en España. La Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, ha derivado en que las formaciones políticas han tratado de controlar las instancias judiciales. El buen funcionamiento de nuestras instituciones y la calidad de nuestra democracia pasan por garantizar la independencia del poder judicial.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a estar en el centro de la actualidad española tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para renovar este órgano vital después de años de estancamiento institucional. Pero, ¿qué es exactamente el CGPJ y por qué es tan fundamental en el sistema judicial español?
En la compleja danza entre poder y libertad, el anhelo de control ha sido un motor perpetuo de la historia humana. Desde los regímenes totalitarios hasta las dinámicas cotidianas, el deseo de dominio sobre otros se manifiesta de diversas formas, moldeando sociedades y restringiendo la autonomía individual.
Hay muchas maneras de definir “ley”. Y otras tantas, de abordarla. Para la Real Academia Española, existen varias acepciones. Regla constante que rige situaciones o cosas; precepto dictado por autoridad competente; relaciones existentes entre los diversos elementos de un fenómeno, etcétera. Y, coloquialmente, “le tengo ley”, es decir, lealtad y fidelidad (“le tengo fe”).
El ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), del Paraguay, Jorge Oviedo Matto, integrado por representantes del Congreso Nacional, el Poder Judicial e instituciones universitarias, maneja a su antojo este organismo colegiado, según denuncias públicas y funcionarios de este ente que juzga y sentencia a los jueces y fiscales del Paraguay.
Aristóteles, en el libro VI de la Política, atisbó la División de Poderes, y el propio Montesquieu, considerado padre de la idea, se basó en el estagirita sin citarlo, si bien nuestra “Escuela de Salamanca” se había anticipado al francés. También el inglés Locke se adelantó y propuso limitar la soberanía del Poder estatal.
El Consejo General del Poder Judicial aprobó el 23 de noviembre del año 2005 su reglamento de honores, tratamientos y protocolo a aplicar en los actos judiciales solemnes. El motivo de esta regulación es «colmar lo que, hasta este momento, ha constituido una importante laguna jurídica, la organización del protocolo en los actos del propio Consejo y de los órganos de gobierno del Poder Judicial.
En España todos somos entrenadores de fútbol, expertos en cómo administrar el país y capaces de juzgar, sin otra preparación que la fatuidad de un ego sobredimensionado, con más acierto y solvencia que un juez o magistrado que haya dedicado su vida a la ardua tarea de aplicar las leyes del país.
El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial,
El actuar de la Ministra hace presumir que su imparcialidad este seriamente en duda, atentando la propia Carta Magna y demás normativas legales que les obligan a actuar jurisdiccionalmente de manera imparcial e independiente para dictar resoluciones conformes a Derecho. Su gestión en todos estos años ha fomentado la corrupción en todas las ramas y en todos los niveles del poder judicial.
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