​Nuevo objetivo gubernamental: la descalificación y desmantelamiento del Poder Judicial

“Regla de los jueces sobre la base de la ley, no la opinión pública, y que debe ser totalmente indiferente a las presiones de los tiempos”, Warren E. Burger.

En España todos somos entrenadores de fútbol, expertos en cómo administrar el país y capaces de juzgar, sin otra preparación que la fatuidad de un ego sobredimensionado, con más acierto y solvencia que un juez o magistrado que haya dedicado su vida a la ardua tarea de aplicar las leyes del país. Últimamente ya no sólo se ponen en cuestión los fallos, sentencias, resoluciones o autos emitidos por los jueces o tribunales, en los corros y tertulias de los cafés, las reuniones familiares o en los garitos y casinos o demás lugares en los que habitualmente se reúnen los ciudadanos, sino que el poner en cuestión, predeterminar o adelantarse a lo que cada sujeto estima que debería ser, según su particular criterio y forma de pensar, lo que los expertos en administrar justicia, de acuerdo con su leal saber y entender, deben resolver sobre aquellos casos en los que les ha tocado decidir; sino que ya se ha convertido en algo habitual el que estas prácticas intrusivas, propias de aficionados, carentes de cualquier respaldo legal o justificación jurídica, sean utilizadas entre tertulianos de todo tipo como políticos, periodistas, miembros de la farándula, actores, autores, etc.; personas que seguramente, dentro del ámbito de sus conocimientos sobre determinadas disciplinas o profesiones, pueden ser verdaderos expertos pero que, en cuestiones de tipo legal, jurídico, procedimental o relacionadas con el estudio de las leyes, su aplicación, desarrollo y  jurisprudencia, no suelen estar en condiciones de opinar con solvencia y, no obstante, para admiración de propios y extraños, no tienen inconveniente en pontificar, criticar o descalificar una resolución emitida por un  profesional que se conoce al dedillo los vericuetos de la Ley.

Pero cuando lo que se está produciendo en un país, como en este caso es España, ya no se trata solamente de poner en cuestión una resolución judicial determinada; cuando ya lo que se intenta es poner en duda la capacidad de los tribunales españoles para poder llevar a cabo la tarea que les ha asignado la Constitución, para la que tuvieron que opositar duramente, o cuando es, desde el mismo Gobierno de la nación y del de muchas comunidades autónomas, de donde parten las críticas infundadas, cargadas de intención política, con fines evidentemente espurios de privar, a un órgano independiente, de la facultad de poder tomar sus decisiones, incluso cuando no le parezcan bien al Gobierno o a cualquier otra institución del Estado español; lo que está sucediendo es que se está atentado directamente contra el Estado de derecho, eje fundamental de toda nación cuya función específica es la de respaldar la legalidad misma de cualquier nación democrática.

Estamos ante la tesitura de que se haya puesto de moda el que cualquier chisgarabís, mequetrefe o progre de estos que hoy en día proliferan, Dios sabe gracias a que maldición del otro mundo pueda haber sucedido, que son tan comunes entre los parlamentarios, el propio Gobierno de la nación y, ya no digamos, entre todos estos advenedizos, enchufados, corre ve y diles y vividores que pululan por los gobiernos autonómicos y, especialmente, entre aquellas instituciones, privadas o públicas, que han sido creadas específicamente para apoyar el independentismo de algunas regiones de España; se tome la libertad, tenga la osadía, se erija en crítico oficial o se permita acusar a los jueces y magistrados de prevaricar cuando ellos mismos son incapaces de definir este término legal. 

Las feministas, estas que nos vienen confirmando su inutilidad, falta de objetividad, cerrilismo e incompetencia manifiesta, que hoy en día están sentadas en los bancos del Gobierno y que, para justificarse ante aquellos que creyeron que serían un revulsivo de la conciencia popular enalteciendo, con su buen hacer, el prestigio de las mujeres y que, desgraciadamente, lo único que han conseguido es lo que sucede cuando a alguien incapacitado se le da un cargo de importancia en cuyo caso, lo único que puede suceder, es que cometa errores garrafales, que más tarde, siempre acaba pagando el pueblo llano.

Cuando se pide que se renueven los miembros del Consejo del Poder Judicial sin más, sin tener en cuenta lo que se intenta por las izquierdas, mediante esta renovación, no se está contemplando con suficiente clarividencia la realidad que se esconde detrás de esta operación, cuando hay una parte, la que representa al Gobierno socialista, que no da su brazo a torcer en cuanto a su empeño de ir introduciendo a personas que le sean fieles, a fin de tener el control sobre un órgano tan importante relacionado con la judicatura, como ya ha sucedido en el caso de la fiscal general del Estado, una exministra del gobierno, con antecedentes de pertenecer al ala más extremista del socialismo y que, desde que ha asumido el mando de la fiscalía, cada vez son menos los casos en los que los fiscales pueden actuar con la independencia que sería deseable en un cuerpo que está específicamente relacionado con la defensa, no del Gobierno, sino de la ley, cuando alguien la viola en perjuicio del resto de ciudadanos de la nación.

Últimamente estamos asistiendo a un intento por parte del Gobern catalán y de todas aquellas agrupaciones que lo apoyan en cuanto a sus reclamaciones independentistas, de “linchar” al Tribunal de Cuentas solamente porque, como no se podía esperar otra cosa, ha sentenciado  que aquellos señores, pertenecientes algobierno de la Generalitat o al Parlamento Catalán, que utilizaron dinero público para subvencionar actividades ilícitas, con respecto a los sucesos que tuvieron lugar el 1ºO y todos cuantos actos ilícitos se cometieron para la preparación y organización de aquel intento de dividir la nación española. El hecho mismo de que el Gobierno de la nación, presidido por el señor Pedro Sánchez, se haya puesto de perfil como si la declaración pública de rechazo y los actos subsiguiente relativos a conseguir de los bancos o de instituciones oficiales el dinero preciso para avalar a quienes han sido condenados a indemnizar a los españoles por unos gastos que se hicieron de las contribuciones recaudadas de entre los ciudadanos catalanes. Ahora se pretende que, con otro dinero público, el del Instituto Catalán de las Finanzas, se les ayude a pagar aquellos fondos públicos que los condenados utilizaron para un fin ilícito distinto para el que habían sido recaudados.            

El daño que se está haciendo a la democracia española, a nuestra juventud, a quienes pudieran creer que, el objetar nuestras leyes, equivale a poder dejar de cumplirlas o el impulso a la insurgencia que pudiera derivarse de un relajamiento en cuanto a la fuerza de nuestra Constitución o a la necesidad de que se mantenga el orden público y el respeto por el principio fundamental de la unidad de la nación española, así como a la necesidad de apoyar a nuestras fuerzas de orden público, que son las encargadas de que quienes intenten acabar con nuestra democracia encuentren en ellas el tope y la fuerza encargados de impedir que consigan alcanzar sus objetivos. 

Los intentos del comunismo bolivariano, que se ha instalado para quedarse en nuestra nación, ha encontrado en el PSOE el aliado preciso para que las barbaridades perpetradas por la señora Montero, un personaje que nunca debiera haber entrado en el Ejecutivo, hayan sido respaldadas por la ministra de Trabajo, otra que tal, sobre cuyo currículo parece que existen dudas, estén poniendo las bases para cambios de tipo bolchevique en nuestra legislación laboral y en cuanto a lo que respeta a los aumentos fiscales que parece que se nos tiene reservados para fechas próximas.

Lo cierto es que, a pesar de las bravatas, embustes, rectificaciones y desconcierto del señor Pedro Sánchez en cuanto a la línea política a seguir respecto a la gobernación de la nación, el señor presidente se encuentra atado por la necesidad de darles cuerda a los comunistas de Podemos, ya que depende de ellos para mantener sus mayorías. También le están fallando sus predicciones de que, este verano, el 70% de los españoles estaríamos vacunados y, por supuesto, la evidencia nos dice que estamos ante una quinta recidiva de la pandemia, lo que aleja, una vez más, la posibilidad de que podamos entrar en una verdadera normalidad, que amenaza con retrasarse una vez más.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, cada vez más nos vamos hundiendo en un pesimismo respecto a las posibilidades de que quienes tendrían en su mano la posibilidad de intentar que las cosas no fueran empeorando más y se pusiera coto a esta situación, que tanto nos recuerda a la que se dio cuando la implantación de la II República, y que, por mucho que intentemos apartar de nuestras mentes la posibilidad de que todo este panorama acabe en hechos violentos, no parece que estén por la labor de olvidar sus diferencias y agruparse para intentar salvar a España. No podemos evitar pensar en que cuando se siembran vientos se recogen tempestades. 

Y hoy, para finalizar, una frase del maestro Baltasar de Gracián: “El primer paso de la ignorancia es presumir de saber”.