|
La politización de la justicia es una de las señales más evidentes del deterioro de las instituciones en España. La Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, ha derivado en que las formaciones políticas han tratado de controlar las instancias judiciales. El buen funcionamiento de nuestras instituciones y la calidad de nuestra democracia pasan por garantizar la independencia del poder judicial.
Sería conveniente derogar las leyes que colocan las decisiones de tribunales internacionales por encima de las sentencias del Tribunal Supremo. Una importante medida a tomar es que los jueces deben elegir a los jueces: los partidos políticos no deben meter las manos en el nombramiento de altos cargos judiciales. El sistema de elección debe guiarse por criterios de mérito y capacidad, no por intereses partidistas. De igual forma, deben adoptarse medidas que garanticen un funcionamiento autónomo del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado.
También es básico para la independencia de la justicia que se prohíban los indultos para delitos relacionados con la corrupción política y la integridad territorial del Estado.
| 
