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El creciente papel de los tribunales en la vida real y en la sociedad, responde a la complejidad de las situaciones y los conflictos que se producen, en la sociedad líquida en la que vivimos. Este fenómeno se observa en diversas áreas como la salud, la educación, la tecnología, el ámbito laboral y los derechos civiles. Uno de los ejemplos más claros es la judicialización de algunas decisiones médicas, en la etapa final de vida de las personas. Una de las funciones esenciales de la justicia es, precisamente, amparar y garantizar los derechos individuales de todos los ciudadanos. Hay que asegurar, que las decisiones expresadas en las sentencias se toman de manera justa y equitativa. Esto mismo, por otro lado, puede llevar a una sobrecarga del sistema judicial, ya que se está incrementando la cantidad de pleitos, por todo tipo de asuntos. En muchas ocasiones, la conciliación falla o no da el resultado esperado y los acuerdos amistosos también fracasan, en bastantes casos. Son indudables las ventajas de la judicialización de los problemas de intereses o de vulneración de derechos, en una sociedad que es muy caótica, en muchos aspectos, y esto tiene que ser solucionado de ciertas maneras y la principal, en mi opinión, es la vía judicial. Además, la imparcialidad es otro de los valores éticos, que justifica sobradamente el acudir a los tribunales, si es preciso y necesario. El acceso a la justicia es universal y gratuito, con los abogados de oficio. Por otra parte, las sentencias judiciales pueden guiar futuras acciones políticas y sociales y crean jurisprudencia. Los jueces con sus investigaciones y decisiones, potencian y promocionan la coherencia y la estabilidad legal, de múltiples modos.
También es cierto que pleitear por cualquier cosa es una desventaja, ya que se crea una dependencia judicial excesiva. En relación con la politización de la justicia estoy convencido de que es inadecuada, porque deben ser poderes del Estado independientes, aunque colaboren entre sí. Esto no significa que el poder judicial y los jueces, tengan que obedecer las órdenes de los políticos que están en el Gobierno. La recientemente nombrada presidenta del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, la jueza Isabel Perelló, ha expresado que los gobernantes o que la clase política no puede dar instrucciones o indicaciones a los jueces, en su reciente discurso ante el monarca y los magistrados, en la inauguración del nuevo año judicial. En Italia y Portugal tienen sistemas de autogobierno judicial y los magistrados son seleccionados, por órganos independientes del poder ejecutivo. En el Reino Unido se aplica también un proceso meritocrático y no político para las elecciones de jueces, a través de comités independientes.
A mi juicio, en España la separación de poderes no es efectiva de una manera total, a pesar de lo que señala la Constitución. Respecto a la financiación singular de Cataluña es inconstitucional, en mi opinión, porque es un concierto, como indican Borrell y otros expertos. En realidad, se rompe la igualdad, en relación con el pago de impuestos en todo el territorio nacional, tal como establece el ordenamiento legal vigente. Es posible que, ante un recurso de inconstitucionalidad, presentado por el partido de la oposición en nuestro país, la decisión del Tribunal Constitucional sea la de afirmar su constitucionalidad. Un magistrado de este, ya ha dicho públicamente ante los medios que no es constitucional, pero como es conservador, puede que sus planteamientos muy ajustados a derecho no sean aceptados y se imponga el ala progresista, con argumentos diferentes. Dicho esto, con el máximo respeto a todos los jueces.
Considero que no se pueden “borrar” los delitos, por intereses políticos o por mantenerse en el poder. El proceso secesionista catalán, que se produjo hace ya unos años, fue algo muy grave y no debería quedar impune. Fue un desafío, en toda regla, a la unidad del Estado español. Nuestro país no puede ser un reino de taifas. El oportunismo político puede ser coherente y aceptable en determinadas situaciones, pero no es válido de cara al independentismo, que está poniendo de rodillas al Gobierno de la nación.
La financiación autonómica ya está siendo un caballo de batalla, que está creando un alto nivel de crispación, en la clase política y también en la ciudadanía. Aunque la intención de Pedro Sánchez es doblar el dinero para la solidaridad interterritorial, esto no significa que lo consiga, ya que es más bien un deseo. Habrá que ver, si se materializa en la realidad. El acceso a los servicios públicos debe ser igual, en todo el territorio de España. Esto no se cumple. Se trata de que la asistencia médica, por ejemplo, sea igual de rápida y con la misma calidad, en los pueblos que en las ciudades. Hace falta, por tanto, más dinero público para contratar más médicos, ante la masificación de la sanidad pública universal y gratuita. Si se piensa en el derecho a la vivienda, son necesarias medidas del Gobierno, que ayuden económicamente a los jóvenes y al resto de ciudadanos que lo necesiten.
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