​Ni galgos ni podencos. Reaccionamos o nos llevan al comunismo

Mientras los catalanes se pelean inútilmente intentado simular que son una nación independiente capaz de gobernarse por sí misma, en un esfuerzo supremo para intentar hacernos creer que son capaces de entenderse pero, al mismo tiempo, evidenciando lo contrario y, en tanto que, el actual gobierno filocomunista del señor Sánchez se está empezando a convertir en una extraña mezcla entre, un frentismo popular trasnochado y un querer y no poder gestionar un país, un país que ya está dando demasiadas muestras de que los problemas que los técnicos, economistas, empresarios y demás expertos en como conducir una nación vienen avisandodesde hace tiempo,  que se van a producir sin que, no Pedro Sánchez ni sus ministros, hayan dado la más mínima muestra de haberse enterado de que España no es precisamente el tipo de nación que ellos se empeñan en pintarnos; vemos que factores externos con los que evidentemente no se ha venido contando en los abultados proyectos de gasto de la izquierda en el Gobierno, contrariamente a las ilusiones concebidas, dan muestras de una terquedad en seguir siendo los causantes de que la recuperación de la nación siga pendiente de un hilo y con la desagradable sensación de que podamos recaer, de nuevo, en la situación de emergencia que obligó a que los ciudadanos tuviésemos que quedar confinados durante unos meses, con las graves consecuencias que se produjeron para la actividad económica de toda la nación, en situación de parón generalizado.

Si en una situación de normalidad ya resultan de dudosa fiabilidad aquellos proyectos políticos basados en el aumento del gasto público, del endeudamiento público, del engrosamiento del funcionariado en detrimento del personal productivo, del aumento desproporcionado de los impuestos, como medio recaudatorio, con el efecto negativo correspondiente para las economías particulares y, en especial, en cuanto a la disminución del consumo, garante a su vez, de la actividad industrial y comercial que, sin él, se ve perjudicada; ya no digamos en tiempos de crisis, en este caso económica y sanitaria, a la que se le añaden las carencias energéticas que estamos empezando a padecer, con la falta de suministro de materias primas, el encarecimiento desmesurado de los transportes y de los precios de los artículos básicos para los ciudadanos; podemos decir que España va entrando en un periodo en el que, al Gobierno que preside el señor Sánchez, va a tener serias dificultades en mantener su hoja de ruta, salvo que haga marcha atrás y reniegue de todos aquellos proyectos ilusorios que prometió llevar a cabo y que, tal como está el país, se han convertido en ilusorios y, evidentemente, imposibles de materializar con los medios actuales.

Y, en este entorno poco propicio, ante la llegada de un invierno que amenaza con ser duro, no solamente en cuanto a los virus que pueden amargarnos la existencia, sino en lo que se puede convertir el devenir económico para el país, dado que nos encontramos ante una de las batallas que pueden tener lugar en cuando al reparto de 120.000 millones de euros pendiente de distribución, como sucede cada año, entre 15 comunidades autónomas. La particularidad es que, en esta ocasión, la ideología común de algunos gobiernos de dichas autonomías, socialistas y populares, y su fidelidad en cuanto al voto, no coincide precisamente con los intereses económicos propios que, en ocasiones, hermana a comunidades de distinto signo político pero coincidentes en sus conveniencias de financiación. Un problema para la dirección del PSOE, al que deberá hacer frente en cuanto al reparto de las asignaciones a las distintas autonomías con cargo de aquella dotación y, en una medida menor, para el PP, que se verá ante la tesitura de verse impulsado a compartir conveniencias con los gobiernos comunitarios socialistas, con los que coincida en sus aspiraciones financieras.

En realidad, sin entrar en la farragosa e impenetrable cuestión del conjunto de condiciones establecidas a través de las leyes y reglamentos que regulen la cuestión de la financiación de las autonomías, a un simple ciudadano de a pie, que observa los tantos por ciento que le corresponden a cada comunidad, no sabemos si ajustados a derecho o no, los hay que dan la sensación que se han adjudicado, más desde el punto de vista de simpatías o conveniencias políticas, que ateniéndose a unos principios justos, razonables y equitativos. Es cierto que opiniones de expertos de todas las tendencia e idearios políticos, las hay para escoger, pero al igual que los gases del volcán de La Palma tienen componentes tóxicos, el olor a chamusquina sectaria, en cuanto a las cifras asignadas a cada una de las comunidades, apesta a componenda, chanchullo o prevaricación.

En realidad, este reparto de ingresos recibidos por las distintas comunidades, ¿se trata de una distribución acertada, verdaderamente ajustada a las necesidades más perentorias de cada una de ellas o, lo que el ejecutivo ha tenido más presente, han sido sus conveniencias de tener contentadas aquellas autonomías que le apoyan en su gobierno; las que, de una forma u otra, le van a permitir sacar los PGE del 2022 o aquellas en las que el gobierno lo ostentan los socialistas del partido instalado en La Moncloa? Es mucho dinero y la tentación de asegurarse apoyos, votos, sueldos y privilegios, inherentes a los cargos públicos en los que están instalados, puede resultar muy atractiva para muchos de ellos,personas sin una preparación especial, que ocupan escaños y que, en su vida civil, nunca habían soñado percibir tan suculentas retribuciones a costa de los tributos del resto de ciudadanos.

Lo que sí es un síntoma, algo que no encaja en el proyecto gubernamental, que el gobierno intenta a la desesperada evitar, devolviendo a los sindicatos una parte de los privilegios que la discutida reforma laboral del señor Rajoy les quitaron, es la reaparición de las huelgas, nos referimos a aquellas importantes, como la de los trasportistas, la policía y guardia civil, las manifestaciones obreras multitudinarias de Cádiz, con sus vandalismo, alimentado por el propio alcalde de la localidad; todas ellas expresivas de que los trabajadores empiezan a advertir que las promesas gubernamentales no son más que papel mojado y que no es capaz de apoyarlos o de remediar la situación en la que se encuentran en estos momentos, ante el problema que el aumento imparable del precio de los alimentos amenaza con afectar directamente a ellos y sus familias. 

Algo se está cociendo y los socialistas lo saben y saben también que es posible que pierdan el poder en las próximas elecciones legislativas. Ellos son conscientes de que todas sus promesas y sus ofertas de una igualdad imposible y de mantener a una parte importante de la ciudadanía a base de ayudas económicas y subsidios, no es más que un engaño.

Por eso han decidido preparar su regreso a la oposición, modificando la mal llamada “Ley mordaza”, en realidad la Ley de Seguridad Ciudadana del señor Rajoy, en una ley cuya finalidad es que los sindicatos recobren su poder de movilizar a los trabajadores, primando los convenios zonales o sectoriales sobre los de empresa lo que facilita que los conflictos sociales adquieran mayo fuerza; a la vez que se les resta a las fuerzas del orden, policía, guardia civil y policía municipal aquellas facultades que les permitían enfrentarse a los vándalos de las calles con garantías de que su autoridad sería tenida en cuenta, tanto en cuanto a sus actuaciones represivas como en lo relativo a sus informes sobre lo acontecido que, en virtud de la nueva ley ya no tendrán preferencia sobre lo alegado por los detenidos o presuntamente perjudicados por la actividad policial. Una vergüenza incomprensible, carente del más mínimo fundamento y que, si lo añadimos a la prohibición de que las fuerzas del orden lleven determinadas armas o medios disuasorios, que se han calificado de excesivos, nos encontramos ante la evidencia de que la ley se ha hecho para favorecer los disturbios, animar a los revolucionarios e impedir que los jueces tengan los medios precisos para encausar a los delincuentes de las calles. La facultad de que se pueda filmar las acciones represivas de la policía o guardia civil, hacen que cualquier actuación, por medida que sea, se convierta en manos de un filmador diestro en una prueba irrefutable ante cualquier juez, basta que la presunta “víctima” sepa como actuar en frente de la cámara. 

De todo este cúmulo de circunstancias se puede deducir que, de persistir el actual redactado de la Ley, el comportamiento futuro de las policías va a ser, ante actos de vandalismo, tumultos o destrozos callejeros, el de mantener la pasividad, la no intervención y todo ello debido que, de cualquier actuación que decidieran hacer, para evitar que se produjeran semejantes desmanes,  les podría llevar a enfrentarse ante expedientes, acusaciones o demandas en contra de aquellos miembros de la policía que las llevaran a cabo. Demandas por exceso de violencia, por lesiones o por no haber respetado el derecho de los vándalos a ejercer su labor destructiva.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, lo que da la sensación de que se nos viene encima tiene caracteres de, si alguien no toma la batuta de la conservación de nuestra democracia, el camino al que nos conduce el rojerío que ostenta el poder. Un gobierno que ya no deja lugar a dudas respecto a dónde nos conduce que consiste en un nuevo sistema, irreversible, de forma de gobierno, al más puro estilo del comunismo más extremo. Es evidente que, si en Génova siguen insistiendo en sus absurdos enfrentamientos internos, lo que va a suceder es que, en las próximas elecciones de gobierno, España va a caer indefinidamente en las garras de este comunismo bolivariano que nos está llevando a la ruina.

Hoy una frase que nos hace recordar lo fácil que es prometer. Se la debemos a Charlotte Morow: “Si un partido político se atribuye el mérito de la lluvia, no debe extrañarse que sus adversarios le hagan culpable de la sequía”. Recuérdelo, señor Sánchez, la sequía ética y moral que padece España es culpa suya.