España languidece entre prohibiciones, recaudaciones fiscales y demás memeces gubernamentales

Cuando a un personaje vulgar se le entrega algo de poder, la metamorfosis que experimenta está en razón directamente proporcional al grado de frustración, revanchismo político y desconocimiento de su propia incapacidad personal para ejercerlo. Por desgracia, cuando esto sucede con varios miembros de un gobierno que, a la vez, han sido elegidos por un personaje resentido con el resto de la humanidad, con ansias de poder ilimitadas y propósitos totalitarios, que ha conseguido situarse a la cabeza de un partido de izquierdas después de que, sus propios compañeros de filas lo apartaran  un lado, por ser incapaz de tomar una decisión sensata y necesaria para el bien de la nación; como ha sido el caso de nuestro actual presidente, el señor Pedro Sánchez, es fácil comprender como España, a estas alturas, está en manos de un gobierno extremista, totalmente entregado a la voluntad del señor presidente y con la posibilidad de que, cada uno de los ministros de su gabinete, menos actuar a favor de los intereses legítimos de los españoles españoles, pueda hacer de su capa un sayo, para convertir su cuota de poder en una verdadera maquinaria burocrática para amargarle la vida a cualquier ciudadano que dependa de sus actuaciones.

Se supone que, en un Estado democrático, la función gubernamental ha de estar organizada en el desempeño de aquellas actuaciones encaminadas a solventar necesidades públicas que, la iniciativa privada, no está en condiciones de llevar a cabo yque serán asumidas, a través de sus distintas competencias gubernamentales, por las Administraciones Públicas del Estado español. No, por supuesto, que sea el Gobierno quien pretenda ser el que decida lo que debe hacer el pueblo, obligarle contra su propia voluntad a hacerlo y, por añadidura intentar, desde la propia institución gubernamental, favorecer aquellos movimientos de tipo separatista, promotores de ideas independentistas y ser cómplice de intentos solapados de dar al traste con la Constitución de la nación y, todo ello, ante la más indiferente, tolerante, cómplice y vergonzosa pasividad de todos aquellos, Ejército incluido, que deberían haber intervenido, para evitar que estemos a las puertas de lo que se puede considerar un ataque a la legalidad nacional, desde la propia institución gubernamental, digámoslo claro: un ataque directo a la democracia. 

Pero cuando los distintos miembros de un gobierno, cada uno de ellos decide hacer lo que le de la gana, incluso enfrentándose entre ellos mismos; cuando aquellos que andan predicando las libertades para el pueblo, son los primeros en ir contra ellas usando la facultad de ir restringiéndolas directamente, mediante sucesivas prohibiciones que, poco a poco, van atentando contra principios básicos de la Carta Magna como, entre ellos, está el punzante tema de la propiedad privada, la libertad de mercado, una fiscalidad que amenaza a la industria, al comercio y a todo el empresariado en general debido a que, un pacto de tipo cordón sanitario, mantiene en el poder a quienes tienen por único objetivo acabar con el actual régimen democrático de monarquía parlamentaria, manteniendo a la familia real como mera figura decorativa, respecto a lo que queda de ella, lo único de que se habla en la prensa es de los errores del rey Juan Carlos y las aventuras amorosas de alguno de sus miembros más jóvenes.

Tenemos ministros, como el señor Garzón que parecen extraídos de alguno de los cuentos de los hermanos Grimm o incluso un imitador de aquel personaje entrañable de “El Aprendiz de brujo” de aquella magnífica película dedibujos animados de la factoría de Wald Disney, que todo lo que intentaba hacer se convertía en algodesastroso. Un señor, el ministro Garzón, al que se le asignó un ministerio fantasma de los varios de los que consta el Gobierno y que, en su inactividad laboral, se dedica a decirnos a los españoles lo que debemos comer ,la forma de hacerlo y lo que deberíamos rechazar por muy suculento que sea, en aras a un régimen que se ha inventado sin respaldo científico alguno. 

Otra de las que disponen de miles de millones para repartirlos entre sus seguidores y amiguetes es la ministra del ministerio de Igualdad, la señora Inés Montero, que tiene a sus órdenes a una alta funcionaria que cobra más de 53.000 euros anuales, dedicada a hacer de nurse de sus hijos. Esta señora, especialista en meter la pata  y que ha dado muestras repetidas de su incapacidad para el puesto de ministra que ocupaque, por supuesto, se lo debió a su marido, el señor Pablo Iglesias, uno de estos comunistas que predican el reparto más equitativo de las rentas pero que, en su caso, estamos ante uno de los más claros ejercicios de hipocresía, si tenemos en cuenta que: él, su mujer y sus hijos, residen en una zona residencial, en una mansión de más de 2.000 m2, con piscina, casa para el servicio y otros aditamentos de lujo que, para sí, quisieran los trabajadores a los que intentan convencer de que se sumen a su causa pero, eso sí, sin que él y su familia se presten a prescindir de sus comodidades y de la vigilancia de la Guardia Civil que tienesu garita a la entrada de su mansión, en el señorial entorno de Galapagar.

El enorme dispendio público de este Gobierno no parece que haya nadie que sea capaz de limitarlo. Pedro Sánchez sabe muy bien que no tiene segura su reelección para una próxima consulta electoral y está convencido de que necesita muchísimo dinero para ir ayudando a aquellos con los que él se ha comprometido a cambio, naturalmente, de conseguir favores, apoyos, puestos de administradores en las principales sociedades para sus fieles, con la intención de asegurarse una trama de puestos clave, para el caso de que sus proyectos de gobierno pudieran fracasar. Lo mismo que en las diversas autonomías han ido proliferando empresas públicas y semipúblicas, sin otra razón de existir que ser el lugar en el que ir enchufando a simpatizantes del PSOE y de Unidas Podemos; con lo que se aseguran la fidelidad del voto de todo este funcionariado, absurdo y sobre dimensionado, que ha convertido al Estado en el primer empleador de la nación española, por encima del empleo de las empresas civiles.

El hecho evidente de que estemos ante un intento grave de convertir a nuestra nación un país sin respeto alguno por las leyes estatales lo constituye el gravísimo ejemplo de que, en una ciudad como Barcelona, una de las que más ha brillado en el resto de Europa durante años, convertida en centro cultural, en motor de la economía patria y, a la vez, en lugar de destino preferido para las convenciones, reuniones de alto nivel, manifestaciones culturales y todo tipo de exposiciones internacionales; gracias a la labor destructiva, de la señora alcaldesa, Ada Colau y sus peregrinas ideas acerca de lo que debe ser una ciudad moderna; se ha ido degradando de forma que aquella ciudad de éxito que fue la ciudad condal, haya bajado a ser una de las más sucias, menos segura, donde peor se circula, gracias a una concepción errónea de la circulación por ella, en la que se restringe, sin orden alguno, el uso de vehículos privados sin que, por otra parte, se den más facilidades y medios a las empresas de transporte público, con las consecuencias negativas que ello supone. 

Por lo que hace referencia al respeto de la propiedad privada y los derechos inherentes de los propietarios de inmuebles, el ayuntamiento no ha tenido objeción alguna a ir dictando, arbitrariamente, una serie de disposiciones ilegales, por salirse de las competencia de las que dispone, que los tribunales superiores de Justicia se han apresurado a anular, sin que ello parezca preocupar, ni poco ni mucho, a esta  temeraria señora comunista que sigue al frente de una de las capitales más importantes de la nación española.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, hemos llegado a la conclusión de que todas aquellas libertades que nos prometieron desde el gobierno socialista, aquellas mejoras de calidad de la vida, aquellos puestos de trabajo de los que íbamos a disponer y aquellas bajadas de luz que, desde hace meses se nos prometió, por el señor presidente de la nación, que iban a volver a impedir que pagáramos menos por la energía como la hacíamos en julio del 2018. ¿El Covid 19? Los que peor han gestionado esta pandemia. La guerra de Ucrania: antes de que empezara esta contienda ya nuestra economía estaba dando muestras de estar fallando. 

Ahora, señores, ya no tiene remedio, pero vean la forma absurda, torticera y evidentemente descarada con la que este Gobierno tiene la cara dura de insistir en que le demos apoyo para que pueda seguir llevando al país al desastre, incapaz de reconocer que sólo por su incapacidad para dirigir la nación nos encontramos en el peor lugar de toda Europa, ante la guerra que se está desarrollando en Ucrania que, por lo que estamos viendo, amenaza con convertirse en algo difícil de controlar y, aún menos, sus consecuencias.