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La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha analizado los datos hechos públicos ayer en el Congreso por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre la actuación de la Inspección de Trabajo contra el fenómeno de los falsos autónomos y reclama al Ejecutivo “redoblar esfuerzos”, en palabras de la secretaria general de UATAE, María José Landaburu. Díaz, en respuesta a una interpelación del Partido Popular, expuso este miércoles que en los últimos dos años la Inspección de Trabajo ha levantado 60.221 actas por falsos autónomos con una recaudación de 393 millones de euros por cuotas no pagadas en su momento a la Seguridad Social.
Para Landaburu, estas cifras “vuelven a poner de manifiesto cómo muchas grandes empresas se aprovechan de la precariedad estructural del trabajo por cuenta propia para abaratar costes laborales”. En este sentido, desde UATAE saludan la labor realizada por la Inspección y la apuesta por que ésta recupere “peso y medios tras los recortes de anteriores Gobiernos que la dejaron diezmada”, y reconocen que “la llamada Ley Rider ha sido un paso adelante para blindar la laboralidad de estos trabajadores”. El ministerio de Trabajo, apunta UATAE, “está demostrando que se toma en serio este asunto, pero a la vez los datos demuestran que queda mucho por hacer”.
En concreto, desde la Unión de Autónomos reclaman que se siga dotando de más recursos a la Inspección para continuar actuando y que el ámbito de la llamada ‘Ley Rider’ se extienda a otras actividades y situaciones análogas, ya que el fenómeno de falsos autónomos se da en todos los sectores de la actividad económica. A la luz, Landaburu ha recordado que la clave está en abordar y resolver la desprotección y vulnerabilidad en cuanto a derechos del colectivo de trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, “para que así a quienes defraudan no les compense recurrir a esta figura”.
“El uso fraudulento del trabajo autónomo no sólo es un abuso y un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras directamente afectadas”, remata Landaburu, “sino una estafa para la ciudadanía, como indican los 393 millones de euros recuperados para la Seguridad Social en estos dos últimos años”.
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