Victor Hugo decía: “Cuanto más pequeño es el corazón más odio alberga” y deberemos reconocer que, este fenómeno de minoración del órgano en el que, tradicionalmente, se piensa que se concentran nuestros sentimientos hacia los demás; en el caso de algunos catalanes, por desgracia demasiados, parece que se ha convertido en epidemia, si es que debemos hacer caso a todos aquellos que han conseguido atesorar en él estos sentimientos injustificados de ojeriza, distanciamiento y odio hacia los españoles del resto de España. Fuere como fuere, el problema lo tenemos aquí y, después de una serie de años en los que se ha permitido que se siguiera incubando este sentimiento independentista, nos encontramos a principios del Siglo XXI con una Cataluña convertida en un avispero de formaciones políticas que cubren un amplio espacio, desde los comunistas más extremos, aliados de Podemos, representados por BComú, hasta un conglomerado de partidos coaligados con el solo objetivo de formar una alianza, dispuesta a luchar con todas sus fuerzas para hacer de la comunidad catalana un nuevo país, independiente de la nación española. El centro derecha, por el contrario, se encuentra en mínimos.
Como suele suceder en estas ocasiones, poco a poco, esta mezcolanza difícilmente conciliable entre si, va influyendo en la vida de los catalanes. Por una parte, se van gestando lo que, la diversidad de opiniones al respecto, se pudieran definir como opiniones enfrentadas entre los ciudadanos que, en muchas ocasiones tiene un efecto letal en el seno familiar y, en otras, crea enemistades entre personas que toda la vida se habían considerado como amigos inseparables. Por otra, los artificiales problemas derivados de la inmersión obligatoria en la lengua catalana de grupos de ciudadanos provenientes de otras regiones de la península, cuando llegan a los extremos de impedir que, en las escuelas y universidades, no pueda estudiar en el idioma patrio, el castellano; crea situaciones de incompatibilidades e incumplimientos de normas constitucionales, que son capaces de provocar enemistad y divisiones entre los propios alumnos, politizados a unas edades en las que, la política, debiera ser algo accesorio por debajo del compañerismo, la formación y la confraternización entre catalanes y otros estudiantes del resto de las regiones de España.
Pero hoy hay dos noticias que acaban de ensombrecer este panorama catalán. Por un lado la elección del nuevo secretario general de la UGT nacional, cargo recaído en un vieja guardia del sindicato en Cataluña, el señor Josep Maria Álvarez, un asturiano que lleva 22 años al frente del sindicato catalán lo que, en principio, no tendría importancia alguna si no fuera porque, este señor, olvidándose de que este cargo supone ser el jefe máximo de la UGT en todo el territorio nacional, parece que se ha mostrado partidario del famoso “derecho a decidir”, propugnado por los partidos separatistas catalanes. Cada uno es dueño de pensar lo que quiera, de tener sus propias ideas políticas e incluso de opinar libremente sobre ellas a nivel particular; no obstante cuando un señor llega a ocupar un puesto de responsabilidad que supone el tener a sus órdenes el conjunto de las federaciones autonómicas del sindicato UGT, ya no puede hablar como un particular cuando lo hace públicamente y debiera tener mucho cuidado respecto a lo que expresa porque, como ocurre en este caso, es muy posible que alguien pudiera interpretar que todos los miembros de la UGT de España piensan que Cataluña tiene derecho a conseguir la independencia de España y esto, señores, entendemos que es muy grave por tratarse de apoyar una ilegalidad anticonstitucional. Una acción que el TC español ha venido declarando repetidamente y con rotundidad ilegal y anticonstitucional. Mal empieza el veterano señor Álvarez y mal vemos su continuidad en el puesto si, como dice, sigue empeñado en aliarse con los partidos separatistas catalanes.
Pero, a diferencia de los placebos que los políticos catalanes quieren difundir entre los ciudadanos de Cataluña, refiriéndose a lo beneficiados que saldrían si consiguieran la “ansiada “ independencia, algo que el mismo señor Puigdemont, el novel presidente de la Generalitat, parece que ha repetido estos días pasados, afirmando que los problemas de liquidez que, cada día y cada vez con más perentoriedad, vienen acosando las arcas de la Generalitat, (lo que ha motivado que el conseller de Economía, señor Junqueras haya tenido que pedir, al señor Montoro, una inyección urgente de 1700 millones de euros para pagar sus deudas y los vencimientos de la deuda catalana que, cada vez, resultan una carga más insoportable para la financiación pública de la autonomía catalana), se solucionarían ipso facto si Cataluña fuera libre e independiente. Lo cierto es que el endeudamiento de Cataluña va creciendo más y más y, en nada contribuye a mejorar esta situación, el que los independentistas destinen una parte importante de las subvenciones que reciben del Estado ( un 40% del FLA) a sus proyectos pre-constitucionales, a las comisiones que estudian la constitución catalana; a las comisiones que se dedican a redactar tres leyes anticonstitucionales, y a la preparación de las sedes de la “nueva Hacienda Pública catalana” que deberá sustituir a la estatal si llegaran a independizarse, así como una multitud de actividades, todas ellas relacionadas con el utópico proyecto independentista.
Sin embargo, cuando las agencias de rating valoran la solvencia de la deuda catalana, cuando informan a los inversores de la confianza que les inspira la deuda emitida por la Generalitat, cada vez se muestran más pesimistas y si Standad&Poors o Fitch ya bajaron la valoración de la deuda catalana a la calidad de “deuda basura”; esta vez ha sido Moody’s la que ha dado su opinión, confirmando la mala prensa de la deuda catalana y su falta de credibilidad, motivada por el claro empeoramiento que se vaticina a la economía catalana a medida que los primeros resultados de los gobiernos de izquierdas (resultado de las elecciones autonómicas o de las últimas del 20D), vayan confirmando las previsiones que se realizaron por los expertos respecto a las actuaciones de los partidos de izquierdas mediante sus acciones de gobierno. Moody`s advierte de que “las tensiones de liquidez han aumentado”; afirma que las preocupaciones por las cuentas públicas influye en el clima para hacer negocios. Una encuesta realizada sobre 1300 empresarios, directivos y emprendedores, demuestra que existe un pesimismo generalizado. En Cataluña sólo un 33%, de los 300 ejecutivos consultados, piensa que la economía mejorará en los próximos 12 meses, un 47% piensa que todo seguirá igual y un 18% que la economía irá a peor.
Es obvio que si, cuando nos referimos a España en general, la valoración que se podría hacer de lo que se puede esperar de un futuro gobierno de coalición, todavía peor si fuera de izquierdas con apoyo de Podemos; ya indican un panorama pesimista y de confrontación; en cuanto entramos a analizar el caso de la autonomía catalana, cuitada por los mismos problemas que el resto de la nación, pero agudizados por la deriva independentista que están empeñados en llevar a cabo; no es de extrañar que las perspectivas de cualquier observador imparcial, que contemple objetivamente y desde fuera de nuestras fronteras, el panorama social, económico y político catalán; no puede sacar otra conclusión que la de que, cualquier inversión permanente que se hubiera proyectado hacer en tierras catalanas, tiene en peligro de resultar un fracaso, una operación fallida y con la posibilidad de verse afectada por los gobiernos de izquierdas que, como vienen demostrando ( vean las actuaciones de la señora Colau), tienen aspiraciones intervencionistas y fiscales capaces de asustar a al más atrevido y arriesgado comerciante.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, no nos queda más remedio que pensar que, si España está ante una posible debacle a causa de la inseguridad política que la viene afectando; si hablamos de la comunidad catalana este riesgo se multiplica por cuatro si, como parece que ocurrirá, las izquierdas serán las que van a acabar por gobernar las instituciones, lo que puede significar el derrumbe de la actividad industrial que, como ya está empezando a ocurrir durante estos primeros meses del año, da muestras de querer abandonar esta región desplazándose a otros lugares de España o fuera del territorio nacional. La fuga de capitales corre pareja con este pánico que empieza a afectar a los industriales que residen en esta parte insegura de España. Claro que todo puede empeorar.
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