| ||||||||||||||||||||||
La propiedad en el ojo del huracán podemita | |||
| “La magia de la propiedad trueca la arena en oro” A. Young | |||
| |||
|
Está visto que, las nuevas corrientes proletarias que están recorriendo la nación española, entre sus muchos objetivos, existe uno que parece que se ha convertido en el leitmotive de su propósito colectivizador de la propiedad, pretendiendo convertir, especialmente en el caso de los bienes inmuebles, este derecho constitucional en una simple entelequia, minada en su propia esencia por una exagerada sobre valorización de lo que no deja de ser una excepción por causa de utilidad pública, que requiere ser declarada expresamente y, una vez fijada la compensación legal, es cuando se convierte en un medio expropiatorio, excepcional, con el que privar a su legítimo propietario de este derecho real de propiedad.
Partamos de la base de que, los ciudadanos de un país, y hablamos de un país democrático, ceden una parte de sus derechos, libertades, funciones y garantías individuales a favor de unas personas a las que, mediante las urnas, se les otorga la confianza para que puedan dedicarse a lo que, al común de habitantes de una nación, les sería imposible ocuparse, tanto por su complejidad, como por la necesidad de cada uno a trabajar para ganarse la vida o la dificultad para poner de acuerdo a millones de personas; una serie de factores que harían imposible la rapidez, la urgencia, la eficiencia y la oportunidad de tomar la decisión en el momento oportuno, para que resultara lo más beneficiosa posible para los ciudadanos a los que afectara. Si al Gobierno, llamémosle el Ejecutivo, de una nación se le otorgan las facultades mencionadas, la democracia exige que se establezcan una serie de controles del mismo que garanticen el orden, la Justicia, la igualdad de oportunidades, la promulgación de leyes para evitar los posibles abusos de la anarquía, la creación de cuerpos que garanticen el orden interior y otros, las fuerzas armadas, que sean capaces de defender al país en caso de agresión externa. Montesquieu estableció los tres poderes que deben concurrir en toda democracia, de modo que, cada uno de ellos, pueda ser controlado por los otros dos, con la finalidad de que siempre las actividades o funciones que se le asignan a cada uno de ellos, estén vigiladas para evitar que, ninguno de los tres poderes, pueda salirse de la legalidad constitucional. Cuando un grupo de ciudadanos desea hacerse con el poder, por el método rápido de la revolución, lo primero que busca es atacar, por medios fraudulentos, la estabilidad garantizada por los tres poderes mencionados: Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Una forma es ir introduciendo infiltrados dentro de cada uno de ellos de modo que, poco a poco, vayan ocupando puestos de responsabilidad, dentro de sus cúpulas, que les faculten para poder tomar decisiones que favorezcan sus objetivos revolucionarios a la vez que atentan contra los legítimos intereses nacionales. Así hemos podido comprobar como, en España, especialmente en la Administración de Justicia, se han ido incorporando jueces, fiscales y magistrados que han demostrado, a través de sus actuaciones, su falta de objetividad, su politización y su tendencia a aplicar la Ley con distinta vara de medir si, con ello, contribuyen a favorecer a determinadas tendencias que, en definitiva, no pretenden otra cosa que acabar con la democracia para implantar, como viene ocurriendo en muchos países del Nuevo Mundo, regímenes totalitarios, antidemocráticos, dictatoriales y opresivos que, la experiencia lo ha demostrado, en cada caso que se han producido, han acabado causando la ruina del país, la miseria de los ciudadanos y la completa destrucción de su tejido económico y social. En España, grupos desestabilizadores de extrema izquierda, apoyados por prensa, TV, radios y grupos de anarquistas, antisistema, okupas, terroristas urbanos y estudiantes politizados ( muchos de ellos salidos de universidades, como la Complutense, especialista en promocionar a generaciones de activistas y agitadores profesionales), como los actuales dirigentes de Podemos, un ejemplo de los más sofisticados promotores del caos urbano, de la desobediencia a las leyes, de la lucha callejera, de la inseguridad ciudadana y de la batalla contra todo signo de capitalismo, entre los cuales sitúan, en primer lugar, a los propietarios de viviendas. El sistema es simple, como ya demostró Ada Colau en Barcelona. Se empieza por atacar a los encargados de llevar a cabo las ejecución de las sentencias judiciales, acudiendo en manifestación a aquellos casos ( los menos) en los que los afectados, por ejemplo en caso de desahucio, sean una pareja de viejecitos o unos desempleados con muchos hijos, o unos inmigrantes sin recurso alguno etc. Allí arman la mar y morena, insultan, apedrean a los funcionarios judiciales y se valen de los representantes de la prensa, previamente convocados al “espectáculo”; para que los periódicos magnifiquen, distorsionen la noticia y generalicen los efectos de los desahucios, intentando hacer ver que todos los casos de desahucio tienen las misma característica: ser una injusticia social. Se olvidan de que la mayoría de lanzamientos se aplican a muchos individuos, pequeños especuladores, que encontraron el truco de ir comprando pisos, cuando los bancos daban todas las hipotecas que se les pedía, pagando un pequeña entrada; confiando en que, pasados unos meses, los pisos se revalorizarían y entonces los vendían, traspasando la hipoteca al comprador y ellos se beneficiaban de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Cuando la burbuja inmobiliaria hizo estallar estos tinglados, los que habían acudido a tan lucrativo negocio se quedaron colgados de la brocha y no pudieron pagar las cuotas de las hipotecas, por lo que los bancos, en uso de sus atribuciones, los echaron de sus viviendas. ¿Merecían estos sujetos las consideraciones que pedía, para todos, la Colau? Por supuesto que no. El tema de la ocupación de los pisos merece consideración aparte. En este caso no se trata, por regla general, de que sean personas necesitadas que buscan un alojamiento para protegerse de la intemperie, porque, estas pobres personas se refugian en albergues de entidades públicas u ONG’s y nunca utilizan la fuerza, el destrozo o el allanamiento para hacerse con una vivienda para convertirla en su morada. No señores, en el caso que nos ocupa se trata de bandas de gamberros, de jóvenes barbudos ( algunos niños pijos de familias pudientes) de estudiantes y mujeres, muchas mujeres jóvenes, en general, vestidas como perdidas, que no tienen empacho de convivir y practicar el sexo con los sujetos que las acompañan y que, no demuestran ningún inconveniente en introducirse en una vivienda en la que sus dueños están ausentes, o en introducirse en un local en venta, o en descerrajar puertas, para ocupar la vivienda, sin permiso alguno del dueño, sin pagar alquiler ni electricidad, ya que se ocupan de robársela a sus vecinos que no pueden hacer otra cosa que aguantar, tener calma y paciencia. Estos angelitos, que podrían trabajar si quisieran, porque la mayoría son mocetones robustos ( lo que pasa es que, los trabajos que les ofrecen, les parecen demasiado pesados para dedicarse a ellos y les resulta más cómodo vivir robando, asaltando supermercados y recibiendo las subvenciones de los partidos que los utilizan para mantener la tensión en las calles) . Lo que ocurre ¡y parece imposible que las autoridades lo permitan!, es que tanto en Barcelona como en Madrid, sus respectivas alcaldesas no consideran que la ocupación de viviendas y locales constituya un delito y, desde este punto de vista, ambas son contrarias a tomar medidas contra ellos y, a mayor abundamiento, son tan maternales con esta gentuza que se dedican a buscarles otros alojamientos gratis aunque, para ello, tengan que chantajear, forzar, amenazar o multar a los propietarios que se resisten a ser privados de sus bienes. Por supuesto que, en ninguno de los casos a los que nos hemos referido se ha acudido, por la Administración interesada, a los procedimientos legales para conseguir la declaración de utilidad pública que legalizaría el proceso de expropiación pagando, como es natural, la compensación establecida en las leyes. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, observamos con gran preocupación, como estamos en una primera fase, en la que parece que, la preocupación por las elecciones, les impide a los gobernantes a actuar en contra de semejantes abusos, de modo que, los encargados de crear miedo en las calles, de asaltar a la fuerza locales y pisos, los que se manifiestan y destrozan coches, motos, escaparates, terrazas de bares y escaparates, campan libremente por sus respetos, sin que ni los mossos, ni la policía ni ninguna otra fuerza policial actúe con eficacia contra semejantes matones que, como es natural, ante la indemnidad con la que actúan, se crecen y adquieren confianza con lo que, cada día son más los que se dedican a sembrar el terror en las dos capitales españolas. La excusa de que no hay detenciones para evitar males mayores, lo sentimos, pero suena a tomadura de pelo y falta de agallas para acabar con ello. |
| ||||||||||||||
© 2025 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto