El pasado mes de abril se filtró un documento de la Junta directiva del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el que se establece una propuesta de hoja de ruta de 2024 a 2027. Su contenido es bastante significativo de las prioridades desnaturalizadas de la inversión pública europea y del modo tan desafortunado con que se pretende financiar.
La cuestión es importante porque el BEI, un banco público europeo multilateral que desde principios de año preside la ex ministra de Economía española Nadia Calviño, es hoy por hoy quizá el principal instrumento financiero para hacer posible que las economías europeas puedan hacer frente con éxito a los cambios productivos tan decisivos y difíciles que se nos vienen encima.
Destacaré cuatro aspectos que me parecen los más relevantes del documento.
El primero es que se haya tenido que filtrar para que se sepa cuál es la estrategia a seguir por el BEI, siendo como es un banco público y, supuestamente, al servicio del interés ciudadano. La falta de debate y la opacidad, la real imposibilidad de que se tengan en cuenta las preferencias sociales a la hora de establecer prioridades de financiación muestran, una vez más, que nuestras democracias son realmente incompletas y que cada día resultan más vacías como instrumentos para reflejar el interés y las preferencias de los pueblos. No pueden serlo si la capacidad de decidir sobre las cuestiones económicas de mayor calado se hurta a la ciudadanía.
El segundo aspecto a destacar son las áreas a las que está prioritariamente dirigida su inversión, pues en ellas hay dos novedades de gran calado. Por un lado, se mencionan las de tecnologías limpias, seguridad en las cadenas de suministro de materias primas críticas, la iniciativa de la Comisión Europea denominada Global Gateway, infraestructuras sociales y digitalización que se pueden considerar habituales en los últimos tiempos o, en cualquier caso, bienvenidas a la agenda del BEI. Pero, por otro, se añaden otras dos que representan una novedad en la política de inversiones del BEI: la energía nuclear (prácticamente ausente casi hasta ahora por el riesgo que se le reconoce) y la militar. No creo que ahora sea necesario que comente lo que ello supone.
Un tercer aspecto no es nuevo, pero sí puede decirse que se refuerza en esta propuesta de la Junta directiva del banco: su estrategia se centra en apoyar al capital privado y más concretamente a las grandes corporaciones europeas. Es normal que las empresas tengan un protagonismo importante a la hora de vehiculizar las inversiones, pero es muy discutible que el dinero público que maneja el BEI se utilice dando prioridad al afán de lucro privado.
Finalmente, en el documento se señala cuál sería el instrumento utilizado para instrumentalizar la financiación de la renovación del parque de viviendas y la eficiencia energética: titulizar los préstamos concedidos para ese fin. Es decir, convertirlos en productos derivados especulativos y muy peligrosos, exactamente los mismos que produjeron la crisis financiera iniciada en 2007 y que tuvo consecuencias tan devastadoras para la economía mundial. Se trata de un instrumento que Finance Watch, una asociación independiente y sin ánimo de lucro dedicada a defender el interés público en materia de regulación financiera, afirma que tiene «riesgo sistémico inherente». Taxativamente afirma, por ello, que «no es de ninguna manera una herramienta que ayude a los bancos a aumentar su capacidad de prestar a la economía».
La conclusión a la que lleva la lectura crítica de este documento es triple: El BEI es un instrumento fundamental para financiar a las economías europeas pero, como banco público que es, no puede utilizarse como una vía de apoyo más al interés privado sino que debe tener una agenda principal de interés público. Y, también por ello, debe estar sometido a la deliberación y control ciudadanos.
El BEI no puede ser el único modo de financiación de los proyectos gubernamentales sino que debiera ir de la mano del Banco Central Europeo, aunque esto pone sobre el tapete otra cuestión principal que es tabú en la Unión Europea: para poder financiar suficientemente y sin sobrecoste innecesario las inversiones que Europa necesita para afrontar con éxito los retos que tiene por delante, es obligado modificar el estatuto de este último para convertirlo en financiador de las políticas gubernamentales y comunitarias. No hacerlo sólo tiene un propósito y dos efectos seguros: enriquecer ilimitadamente a la banca privada, aumentar la deuda innecesariamente y crear inestabilidad financiera
La financiación que presta el BEI no puede recurrir a instrumentos especulativos como la titulación. Es otro favor al capital privado tan injustificado como peligroso para el conjunto de las economías. Una última consideración: ¿oyen ustedes hablar de estos temas a los candidatos de los diferentes partidos que se presentan a las inmediatas elecciones al Parlamento Europeo? Pues este es otro de nuestros grandes problemas.
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