La actual presidencia peruana es la primera de nuestra historia en decaer hasta solo 5% de aprobación. Según Gallup, Dina Boluarte tiene el único gobierno que apenas tiene un dígito de aval. El poder legislativo compite con el ejecutivo en ser el primero que tenga menos puntos de aprobación que los 5 dedos de una mano.

Con instituciones tan impopulares es inviable una democracia moderna con progreso social. Ello genera caos, inestabilidad y falta de confianza de los inversionistas.

Antes de que un país llegue a ese extremo, las potencias con democracias suelen adelantar las elecciones generales para reconfigurar las instituciones y hacerlas más sólidas. Basta ver los ejemplos del Reino Unido y Francia, cabezas de los otrora mayores imperios ultramarinos europeos.

Ambos países tendrán elecciones parlamentarias anticipadas muy pronto. El jueves 4 de julio los británicos eligen a cada uno de sus 650 representantes en la cámara de los comunes y en los domingos que están antes y después de dicha fecha los franceses tienen la primera y segunda ronda de sus legislativas.

En Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak adelantó los comicios que debían darse en diciembre buscado un mejor escenario para sus conservadores. En Francia, el presidente Emmanuel Macron convoca a elecciones parlamentarias anticipadas apenas se dieron a conocer los resultados de los comicios a la euro-cámara, en los cuales la ultraderecha de Marina Le Pen obtuvo su mejor voto de todos los tiempos (32%) y la centroderecha de Macron el peor de todos (menos del 15%).

Mientras Sunak es posible que pierda y sea reemplazado por el laborista Keir Starmer, Macron no dejará la presidencia, pero ansia parar el crecimiento del postfascismo y hacer que su partido y aliados arrasen en la segunda vuelta legislativa.

En Perú no tenemos ese mecanismo que facilita el adelantamiento de elecciones, algo que hubiese evitado tantos golpes presidenciales. Tenemos el peor de los escenarios: un parlamento con plenos poderes que está por encima del ejecutivo y que no debe rendir cuentas al electorado.