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En los últimos años, y por muchas motos que nos quiera vender la izquierda, los obstáculos sobre la industria nacional por parte de organizaciones de fuera, han debilitado nuestra producción industrial, generando una pérdida progresiva de empresas y empleo, y la reducción de salarios.
España no puede someter a sus empresas a restricciones de todo tipo, ni permanecer callada ante una política comercial internacional que no garantiza una competencia leal y justa.
Mientras que Marruecos o China se benefician de la deslocalización de fábricas o centrales energéticas, cuyos productos y energía importamos después, las empresas y productores españoles quedan asfixiados por la estricta regulación europea y nacional.
España debe proteger sus intereses nacionales y su soberanía energética: una energía barata, sostenible, eficiente y limpia que asegure unos precios de la luz asequibles para las familias y empresas españolas. Nuestro país debe asegurar su soberanía energética, ya que el suministro energético no puede depender de la especulación de terceros países.
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