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El calendario político catalán, desde hace unos días, ya tiene una fecha más marcada en rojo. A las del 1-O, día del referéndum, 3-O, cuando el rey con su discurso del ‘a por ellos” se enfrentó a más de dos millones de catalanes tomando partido por los contrarios a un referéndum libre y pacífico, y el 12-M, últimas elecciones al Parlament, cabe añadir ahora la del 8-A. El día de la presencia, por unos pocos minutos, del President Puigdemont bajo el arco de triunfo del Paseo Lluís Companys en Barcelona. Desde su exilio, obligado por la negativa del juez Llarena a aplicar la Ley de Amnistía, el Presidente cesado, manu militari, por la aplicación del 155, había prometido, cada vez que habían elecciones tanto en Cataluña como en Europa y como un señuelo más para conseguir los votos de los catalanes, que volvería a Cataluña. A la cuarta fue así, y bajo la promesa de estar presente en la sesión de investidura del 133 Presidente de la Generalitat, el jueves 8 de agosto apareció ante unos miles de sus fieles seguidores. Poco más de tres mil según los Mossos y diez mil según los organizadores. Una cifra pobre para lo que cabía esperar.
Fue una aparición de visto y no visto, como aquella República de ocho segundos que él mismo proclamó el otoño del 2017. Jugó al ratón y el gato con la Guardia Civil y la Policía española atravesando la frontera como quien va de paseo, y con los Mossos escabulléndose ante sus narices. Todo muy fácil, demasiado fácil. No se me hace difícil pensar que había un pacto entre caballeros para la entrega de Puigdemont después de su parlamento, pero alguien lo rompió y el expresidente se fugó, cumpliendo con el primer deber de quien es buscado por jueces y policías: escapar, pese a que días antes hubiera afirmado estar dispuesto a ser detenido si volvía a Cataluña, su casa.
La prensa y la opinión española se muestran escandalizados ante esta actitud, se sienten burlados por Puigdemont, y apuntan al blanco equivocado. El pasado 8-A, en Catalunya, se produjo una anomalía democrática por la que un diputado electo no pudo entrar en el Parlament de Catalunya a ejercer sus derechos. Los disparos metafóricos del españolismo deberían ir dirigidos al juez Llarena, uno más del cuerpo de altos magistrados que aprovechan su cargo para atacar al gobierno legítimo de España y que se pasan por su arco de triunfo particular la ley de amnistía aprobada por mayoría por el poder legislativo. Son Llarena, Marchena y algunos fiscales del Supremo quienes, presuntamente, están cometiendo un delito de prevaricación al no aplicar la ley de amnistía, haciendo con ello un partidismo seguidista de la política, cada día más a la extrema derecha, del PP.
Puigdemont, con esta corta y atrevida visita, que el exconseller Giró le pidió no hacer, y que el expresident Artur Mas considera opinable, intentaba que no tuviera lugar la sesión de investidura, y con algunas declaraciones ha roto puentes entre ERC y Junts, poniendo a los pies de los caballos el cuerpo de los Mossos, que tampoco tuvieron una actuación para merecer medallas. Tardará años en haber de nuevo un Gobierno independentista. La pelota está en el tejado del PSC, donde más de uno tendrá que tragar sapos por las opiniones dichas cuando pensaban que nunca deberían pactar con una parte del independentismo. Muchos están cantando el réquiem al 'procés', se equivocan porque el deseo de independencia sigue vivo.
Este viaje de ida y vuelta de Puigdemont no impidió, como era su deseo, la investidura de Salvador Illa como el 133 President de la Generalitat. Puigdemont, al no ser ya europarlamentario, no goza de inmunidad y la espada de Damocles de una euroorden de extradición dictada por Llarena podría dar con su persona en una cárcel española, pese a la existencia de una ley de amnistía que le ampara. Por este motivo, esta semana ha suspendido su presencia en un acto al que tenía previsto acudir en la Universitat Catalana d’Estiu en la Catalunya Nord. Tal vez fue un error no presentar su candidatura al Parlamento europeo y seguir con la inmunidad hasta que el Tribunal Constitucional o los tribunales europeos rebaten las teorías de Llarena y Marchena y la ley de amnistía pueda ser aplicada con toda la amplitud que el espíritu de los legisladores dio a su contenido.
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