Libertad informativa y democracia

El plan de acción por la democracia puesto en marcha por el Gobierno español me parece innecesario, por múltiples razones. Entre ellas está la posibilidad de que se limite la independencia y libertad de los medios de comunicación, que no son afines a las líneas interpretativas del poder ejecutivo. Que se reforme o derogue la denominada ley mordaza me parece bien. Otra cuestión diferente es que se intente ampliar y mejorar la información gubernamental, y especialmente que se apliquen medidas y estrategias para combatir la corrupción, tanto política como económica.

En relación con la transparencia y responsabilidad del ecosistema informativo, es preciso darse cuenta de que es una cuestión compleja, porque depende de los criterios que se utilicen y de las formas de interpretar las noticias, que son expuestas por los medios informativos. Impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas está muy bien, pero es lo exigible a cualquier gobierno.

Si es cierto que apoyar el pluralismo informativo y la competencia que se deriva directamente del mismo, supone propiciar una mayor diversidad informativa y de opinión, lo que es beneficioso para toda la ciudadanía. Porque el monopolio de la información es lo propio de países que no son democráticos, entre otras cosas. Además, la promoción de una mayor calidad del debate público o político me parece difícilmente realizable, desde un enfoque dirigido desde instancias gubernamentales, ya que debería fundamentarse en un acuerdo o pacto, de parte de los partidos del arco parlamentario. Que no debe haber delitos contra los sentimientos religiosos o respecto a injurias, difamaciones o escarnio público es algo evidente, pero si se producen debe aplicarse la legislación vigente, con todo el rigor exigible, en función de la gravedad de los delitos, algo que tienen que decidir los jueces.

El gobierno pretende abordar una reforma integral de algunos artículos del Código Penal, que pueden afectar a la libertad de expresión. Es un tema delicado ya que no se debe limitar la libertad respecto a críticas respetuosas y discrepancias que son legítimas, y encontrar la línea que separa las diferencias de opinión e interpretación es algo que, hasta ahora, me parece que no suponía mayores problemas para el sistema judicial español.

Que se atienda a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en materia de difamaciones y su encaje legal y otras cuestiones similares, me parece lógico y de sentido común en el ámbito político y ciudadano, pero es algo que debe estar en la mente de los que gobiernan y de los políticos en general. Indudablemente es necesario el refuerzo de la ciberseguridad, pero eso forma parte de la acción cotidiana y ordinaria de la actividad política, del poder ejecutivo de cualquier país.

Que se quiera impulsar el desarrollo de herramientas para mejorar la productividad y calidad informativa me parece excesivo, porque los medios de comunicación ya buscan e incentivan el aumento de su calidad y productividad, por sí mismos, y deben conservar esa independencia y autonomía respecto al poder. Los propios lectores de los periódicos y los televidentes y radioyentes eligen los medios y pueden valorar la calidad de estos.

No debe haber medios de comunicación con una línea oficial de pensamiento. Se puede ser crítico desde el respeto y no debe haber censura de determinadas noticias, para que se siga lo que dicta la corriente oficial, que interpreta lo que sucede de acuerdo con su ideario político. La libertad ideológica es innegociable. Que debe haber más controles para impedir conductas corruptas es evidente.