El 1 de abril de 1937, el representante diplomático de Estados Unidos en Bolivia Henry Raymond Norweb, informaba que el presidente boliviano David Toro estaba dispuesto a considerar un acuerdo más moderado con la empresa petrolera Standard Oil Company, siempre que ésta reconociera acusaciones en su contra.
El 15 de marzo de 1937, las oficinas de la Standard Oil Company en Bolivia habían sido clausuradas y selladas por la junta militar que encabezaba Toro, bajo acusación de haber exportado ilegalmente petróleo a la Argentina y haber evadido impuestos por casi un millón y medio de pesos bolivianos.
Todas las propiedades de la empresa petrolera pasaban al Estado boliviano, en virtud de la cláusula de fraude inserta en el artículo 18 de la concesión de Richmond Levering de 1920, asumida por la Standard Oil.
Las responsabilidades de la empresa en la guerra del Chaco, habían trascendido las fronteras del negocio petrolero y se habían extendido al ámbito financiero y tráfico de armas, a través de vínculos con Wall Street y fabricantes de elementos de guerra como Curtis Whright Corporation.
El 7 de mayo de 1937, el secretario de estado Cordell Hull dirigió una carta confidencial al Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, y ex embajador de su país en Estados Unidos, Enrique Finot.
La misiva expresaba entre otras cosas, que “La serie de actos que ha emprendido recientemente el Gobierno boliviano, relacionados con ciertas propiedades de la Standard Oil Company de Bolivia, compañía propiedad de la Standard Oil Company de Nueva Jersey, de los Estados Unidos de América, han creado la impresión muy difundida en los Estados Unidos y en otras partes de este continente de que el Gobierno de Bolivia no ha dado ninguna indicación manifiesta de intención de su parte de compensar a los dueños de esas propiedades por su confiscación por el Gobierno de Bolivia, ni de que el Gobierno de Bolivia ha manifestado disposición alguna a arbitrar o decidir de otra manera sobre cualesquiera derechos o valores que puedan estar involucrados”.
Al día siguiente, 8 de mayo, el Norweb informaba a Hull desde La Paz, que luego de leer la carta “Finot planteó la cuestión de la actitud y las actividades de la Standard Oil Company durante la Guerra del Chaco. Las actividades bélicas de la Compañía son, por supuesto, la principal causa de la animadversión que se ha manifestado en todo el país contra la Standard Oil. Reiteró que la acción del Gobierno boliviano no solo estaba justificada legal y moralmente por el fraude y la postura no cooperativa adoptada por la Compañía durante la guerra, sino que era especialmente necesario disipar la impresión, generalizada en todo el mundo, de que la débil y empobrecida Bolivia había sido simplemente un instrumento del todopoderoso monstruo imperialista mundial, la Standard Oil Company; que la Guerra del Chaco se había librado únicamente para proteger las propiedades de la Standard Oil”.
David Toro será derrocado pronto por un antiguo compañero de armas, Germán Busch, quien ratificará la posición del gobierno de Toro e incluso expulsará de Bolivia al abogado de la Standard Oil, Carlos Calvo.
El problema generado por la expropiación de la Standard Oil por parte de Bolivia generó un extenso intercambio epistolar entre el departamento de estado y sus representantes en Sudamérica, hoy digitalizado y accesible. La cuestión era el principal tema de debate, mientras en Buenos Aires se discutían las fronteras del Chaco.
Paraguay ocupaba militarmente más de los permitido al norte y oeste de sus actuales fronteras, unos treinta mil kilómetros cuadrados de codiciadas napas freáticas.
Al año siguiente, se renovó el interés norteamericano por preservar la zona petrolífera ocupada por el ejército paraguayo, como lo testimonia el telegrama del delegado Spruille Braden, del 28 de marzo de 1938, a la hora 17: “Los grupos que viajen a Asunción procurarán establecer una línea fronteriza lo más al este y al sur posible, y de ser posible, a Puerto Caballo, a cambio de "dinero en efectivo". LAW
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